La bronca está servida en Concepción del Uruguay. El gremio de la Alimentación salió con los tapones de punta contra Granja Tres Arroyos y la acusó de usar los salarios impagos como una herramienta de chantaje para quebrar la resistencia de los trabajadores.
La empresa había tirado la bomba días atrás: cierre por tiempo indeterminado de la planta uruguayense, argumentando una “delicada situación financiera” y culpando al conflicto gremial por la paralización. Hasta denunciaron supuestos bloqueos, trabajo a desgano y situaciones de violencia. Todo muy dramático, según su versión.
Pero desde el sindicato no se la tragaron ni un poquito. En un documento que difundieron este 28 de mayo, la conducción sindical fue al hueso: el conflicto “no es la causa del cierre, sino la consecuencia directa del incumplimiento de las obligaciones básicas del empleador”.
¿El detalle que enciende la mecha? Granja Tres Arroyos mantiene una deuda salarial correspondiente a la segunda quincena de abril y a la primera quincena de mayo de 2026. La empresa había propuesto un plan de pagos en cinco cuotas para cancelar los haberes adeudados, pero hasta ahora solo abonó “una cuota y media”. Un chiste de mal gusto para familias que necesitan llevar el pan a la mesa.
“El pago parcial de salarios es utilizado como herramienta de represalia y maniobra antisindical para quebrar la unidad de los trabajadores”, disparó el gremio sin anestesia. Y ahí está el nudo del asunto: la empresa estaría aprovechándose de la desesperación económica de muchas familias para forzar a los operarios a retomar tareas en condiciones abusivas.
La situación genera un drama interno que parte el corazón: algunos trabajadores se ven obligados a aceptar esos condicionamientos ante la necesidad urgente de llevar ingresos a sus hogares, lo que genera tensiones entre quienes sostienen las medidas de protesta y quienes regresan a trabajar por pura supervivencia.
El sindicato no se guardó nada y acusó a la firma de “manipular las liquidaciones de haberes a su antojo” y actuar de manera “temeraria e irresponsable” al avanzar con el cierre sin brindar precisiones sobre el futuro laboral. Como si fuera poco, remarcaron que la falta de pago repercute directamente en cuotas alimentarias destinadas a hijos de trabajadores, profundizando el impacto social del conflicto.
El Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación dejó en claro que no aceptará negociaciones “a título personal, extraoficial ni en petit comité”, aunque aseguró que los canales formales de diálogo ante autoridades competentes “continúan abiertos y en proceso”. La pelota ahora está en la cancha de quienes pueden mediar en este conflicto que tiene en vilo a decenas de familias uruguayenses.
