Quedan 140 productores arroceros donde antes había 700. No es un error tipográfico: es la radiografía de un sector que se desangró en silencio mientras los costos trepaban y el financiamiento no aparecía. Una caída del 80% en la cantidad de productores no es una crisis pasajera; es una transformación estructural que debería encender todas las alarmas.
El dato más duro que surge del sector tiene nombre y apellido: el combustible. Un insumo que históricamente representaba el 32% de los costos de producción trepó hasta el 54%. Cuando casi la mitad de lo que gastás en producir se va en gasoil, la ecuación se vuelve imposible para el productor mediano o pequeño. Y los números lo confirman: la superficie sembrada cayó y los productores abandonaron la actividad en masa.
Sin embargo, los que quedan no se rinden. “Pese a la crisis, somos resilientes y queremos seguir apostando”, afirman desde el sector, en una frase que mezcla orgullo con desesperación. Porque apostar cuando los costos te asfixian no es optimismo; es terquedad productiva, esa que sostiene las economías regionales cuando el Estado no llega.
El reclamo central es concreto: financiamiento acorde a la actividad. El arroz es una producción de ciclo largo, con alta demanda de capital en momentos específicos del año. Sin crédito oportuno y a tasas razonables, la brecha entre el que puede seguir y el que tiene que cerrar se amplía sin freno. Las entidades del sector vienen advirtiendo sobre esta situación, pero las respuestas siguen siendo insuficientes.
Entre Ríos es una de las provincias con mayor tradición arrocera del país. Perder ese tejido productivo no es solo una estadística económica: es la desaparición de comunidades rurales, de empleos directos e indirectos, de una identidad regional construida durante décadas. Recuperar lo que se perdió llevará años; evitar que se pierda más, en cambio, depende de decisiones que se pueden tomar ahora.
