Los números son brutales y confirman lo que ya se veía en las calles: 24.437 empresas cerraron entre noviembre de 2023 y principios de 2026. Detrás de esa cifra fría hay 327.813 trabajadores que perdieron la cobertura del sistema de riesgos del trabajo. Y el panorama empeora cada día.
El Instituto para el Desarrollo Empresarial Argentino (IPA) presentó un informe que pone los pelos de punta: las aperturas de concursos preventivos se dispararon un 131,71% en el último año. Durante 2025 se registraron 190 concursos preventivos contra apenas 82 en 2023. Para ponerlo en perspectiva: durante el pico de la pandemia fueron 106.
“Habíamos alertado que este año íbamos a llegar con el cierre de más de 1.000 pymes, pero el ritmo que vemos de la degradación de la economía local nos demuestra que el daño al entramado productivo es mucho peor”, advirtió el presidente de IPA, Daniel Rosato. Y estos son solo datos de Capital Federal.
Lo más preocupante es que la tendencia se acelera. En el primer trimestre judicial de 2026 (febrero, marzo y abril) ya se abrieron 92 procesos concursales. Es decir, en tres meses se registraron más concursos que en años enteros del período 2021-2024. Los tribunales comerciales están saturados y la maquinaria judicial no da abasto.
El titular del Departamento de Legales de IPA, Germán Pizzano, fue directo al hueso: importantes firmas multinacionales abandonaron el país, mientras que las empresas locales que sobreviven se reconvierten “con destreza darwiniana” en importadores para adaptarse al modelo de dólar barato y apertura económica.
La contracción productiva desencadenó un grave proceso de desinversión que se cristaliza en la pérdida neta de inversión extranjera directa, arrojando un saldo negativo “histórico y sin precedentes, la primera vez en 22 años“. La capacidad ociosa trepó al 40,2%, dejando bienes de uso inactivos por doquier.
Desde IPA reclaman la implementación urgente de un “remedio paliativo y transitorio de emergencia” basado en el Derecho de la Emergencia, similar a la Ley 25.563, con suspensión de ejecuciones hipotecarias y prendarias. Están en trámite varios proyectos legislativos que buscan frenar la sangría empresarial antes de que sea demasiado tarde.
Mientras los funcionarios debaten ideologías, las pymes se desploman una tras otra. Y detrás de cada concurso preventivo hay familias enteras que ven cómo décadas de esfuerzo se evaporan en los pasillos de los tribunales comerciales.
