¿Qué pasa cuando una discusión política se convierte en denuncia penal? En Concepción del Uruguay, la Justicia acaba de dar una respuesta contundente: archivó la causa que la concejal Percara había iniciado contra el intendente José Eduardo Lauritto por presuntas amenazas e intimidación.
El episodio que desató la polémica se produjo en la antesala de un acto oficial de entrega de escrituras de viviendas del IAPV. Según el relato de la legisladora opositora, todo comenzó cuando Lauritto dialogaba con funcionarios sobre el avance del asfaltado en la ciudad. Fue entonces que ella intervino con una frase que encendió la mecha: “Y sin contar que no tenemos la planta asfáltica funcionando”.
La respuesta del jefe comunal, según la denuncia de Percara, habría sido en tono agraviante, con supuestas descalificaciones institucionales y personales. Pero Lauritto negó categóricamente haber ejercido cualquier tipo de violencia, hostigamiento o amenaza. El intendente contextualizó la discusión de manera diferente: aseguró que el intercambio se originó por cuestionamientos a las obras de puesta en valor que el Municipio ejecuta en edificios del patrimonio histórico local.
El mandatario defendió las inversiones comunales y lamentó la postura de ciertos sectores opositores, señalando que tienden a “criticar incluso cuando las obras se están haciendo” para beneficio de la comunidad uruguayense. Una versión que choca frontalmente con la de la concejal denunciante.
Tras evaluar los hechos y el marco normativo, las autoridades judiciales determinaron este viernes que la situación no configuró la comisión de un delito penal. El archivo de la causa deja en claro que lo que para algunos fue un episodio de violencia institucional, para la Justicia no pasó de ser un intercambio político acalorado pero dentro de los márgenes legales.
