¿Cuánto vale la salud de un trabajador? La pregunta cobra dimensión dramática en Entre Ríos, donde un fallo judicial millonario contra una ART reavivó la polémica por la litigiosidad récord que atraviesa el sistema de Riesgos del Trabajo en la provincia.
El caso que encendió todas las alarmas involucra a un conductor de camiones al que la Justicia le reconoció una incapacidad del 70%. Pero acá viene lo picante: esa cifra se determinó aplicando el baremo Altube-Rinaldi, en lugar del previsto por la normativa específica del sistema (Decreto 659/96). Un cambio de criterio que, según las aseguradoras, “desarma integralmente” el esquema vigente.
La sentencia no se quedó ahí. Además de la indemnización por incapacidad, incorporó conceptos por daño moral y daño punitivo, este último bajo la Ley de Defensa del Consumidor. Una movida que el sector asegurador considera inadmisible, al tratarse de un régimen ajeno al sistema de Seguridad Social regulado por la Ley de Riesgos del Trabajo.
Pero hay más irregularidades que preocupan al sector. El proceso judicial habría omitido el paso previo obligatorio por las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, instancia prevista por la normativa vigente para determinar incapacidades y prestaciones. Un detalle no menor que pone en duda la validez de todo el procedimiento.
La actualización de los montos también generó controversia. El fallo aplicó un mecanismo basado en RIPTE más un 12% anual, con capitalización semestral. Un criterio que, según fuentes del sector, eleva significativamente los valores finales de las condenas y podría generar un efecto dominó devastador.
Los números de Entre Ríos ya venían siendo alarmantes. Según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), la provincia registra uno de los mayores crecimientos de litigiosidad del país: un aumento del 25% en 2025, frente al 6% promedio nacional. Una diferencia que no es casualidad y que pone a la provincia en el ojo de la tormenta.
Ante la denegación del recurso extraordinario provincial, la aseguradora involucrada no se quedó de brazos cruzados. Presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde además solicitó la suspensión de la ejecución de la sentencia. Una jugada desesperada pero necesaria para evitar que el sistema colapse.
La definición del máximo tribunal será clave para todo el esquema de Riesgos del Trabajo en el país. Podría sentar criterio sobre el alcance de las actualizaciones, la aplicación de normas complementarias y el funcionamiento del sistema en casos de alta complejidad económica. Una decisión que puede cambiar las reglas de juego para siempre.
Con informacion de: Diario Junio.
