¿Cómo se defiende lo indefendible? Francisco Azcué lo intentó este lunes en una entrevista radial, pero su explicación sobre los funcionarios jubilados en su gabinete dejó más dudas que certezas. El intendente de Concordia insistió en que todo es legal, pero los números y los antecedentes jurídicos dicen otra cosa.
“Para mí es un orgullo tener a estos funcionarios”, declaró Azcué en el programa “Despertá con nosotros” de Oíd Mortales Radio. Su argumento central: los cargos son “ad honorem” y se basa en un dictamen de la Fiscalía de Estado del caso Roncaglia. El problema es que ese dictamen es de 2025, pero él viene designando jubilados desde 2023. ¿Adivinanza o improvisación?
Pero acá viene lo jugoso: el Código 600 que usaron para pagarles no era tan “ad honorem”. Los funcionarios jubilados cobraron alrededor de 3 millones de pesos por “viáticos y gastos de representación”, una cifra igual o superior a lo que gana un funcionario normal. Azcué justificó estos pagos porque “usaban sus vehículos particulares y teléfonos”. Con esa plata, se compraban varios autos.
La cosa se pone peor cuando mirás los antecedentes. La jurisprudencia provincial, con el fallo Rovira, ya estableció que el carácter no remunerado de un cargo no elimina la incompatibilidad entre ser jubilado y funcionario. Es decir, aunque no cobres oficialmente, seguís violando la ley. Y la semana pasada, Azcué firmó un decreto dando un aumento del 4% a empleados municipales que incluyó a quienes cobraban por Código 600. ¿Ad honorem con aumentos? La creatividad no tiene límites.
El intendente también reveló que fueron los propios funcionarios quienes pidieron dejar sin efecto los pagos “para evitar conflictos”. Claro, después de embolsarse los millones. Ya hubo renuncias por incompatibilidad (casos Margaritini y Perillo), notificaciones de la Caja de Jubilaciones e intimaciones para regularizar. Pero Azcué sigue en su postura: “Si después cambia el criterio, actuaremos en función de ese nuevo criterio”.
La defensa del intendente no cierra por ningún lado. Primero aplicó un criterio legal que no existía, después justificó pagos millonarios como “gastos”, incluyó a estos funcionarios en aumentos salariales y ahora dice que todo era legal. La Caja de Jubilaciones tiene la última palabra, pero los números ya cantaron: esto no era ad honorem, era un esquema para eludir incompatibilidades con plata del municipio.
Con informacion de: Diario Junio.
