El superávit financiero sigue en pie, pero llega más fino: el Gobierno autorizó gastar $15,57 billones más y achicó el colchón proyectado de $26,4 a $18,9 billones.
El detalle no es menor: los recursos que espera cobrar crecen solo $8,09 billones, mientras que la diferencia de $7,48 billones sale del resultado del ejercicio. Es un movimiento de caja que mantiene la regla, pero cambia el tamaño del excedente.
La explicación aparece en los considerandos: el Presupuesto 2026 estimó una inflación de 18% y terminó consolidándose 33%. Con partidas calculadas a precios de un país que no sucedió, varias jurisdicciones avisaron que se quedaban sin crédito.
La ampliación equivale a 10,2% del presupuesto vigente y la firmó todo el gabinete en acuerdo general de ministros. El gobierno de Javier Milei había hecho bandera de una regla simple: los gastos menores que los ingresos. Por eso, cada cambio se mira con lupa.
El golpe sobre el superávit primario es menor porque $3,89 billones van a intereses y comisiones de la deuda, que se cuentan por debajo de esa línea. Descontado ese rubro, el excedente primario se achica en unos $3,6 billones. El financiero, en cambio, absorbe todo el ajuste.
La mayor parte del dinero va a Anses, con alrededor de $9,99 billones. Casi $5,9 billones son para jubilaciones del régimen de reparto, $1,67 billones para la moratoria y $1,08 billones para la Asignación Universal por Hijo. Para el PAMI, que está dentro de la Anses, llegan $300.000 millones.
Detrás aparecen los intereses de la deuda, con $3,89 billones; el Ministerio de Salud, con unos $804.000 millones, la mayor parte para pensiones no contributivas por invalidez; y las fuerzas de seguridad y armadas, con refuerzos para sueldos, retiros y pensiones. Las cajas de retiro de la Policía Federal y de los militares suman entre ambas más de $840.000 millones.
La única jurisdicción que pierde en serio es Obligaciones a Cargo del Tesoro, que cede $2,29 billones. Dentro de esa caja, el programa Otras Asistencias Financieras pierde $2,06 billones, con recortes de $598.730 millones en pensiones y de $589.000 millones en ayudas sociales. La asistencia a las empresas públicas de energía baja $349.643 millones. Fuera del Tesoro, la coordinación fiscal con las provincias, en Economía, resigna $199.973 millones.
Después de la Anses y la deuda, el que más suma es el Ministerio de Seguridad, con $1,30 billones. La plata se reparte entre todas las fuerzas: Gendarmería recibe $237.567 millones; la Policía Federal, $126.469 millones; Prefectura, $122.218 millones; el Servicio Penitenciario, $73.522 millones, y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, $47.676 millones.
El ajuste no borra el excedente, pero sí deja claro que el colchón es más chico. La discusión fiscal queda planteada: el Gobierno mantiene la regla de gastos menores que ingresos, aunque el margen para sorpresas se reduce.