La discusión por la nueva ley de biocombustibles volvió a encenderse en el Congreso, y esta vez CAME salió a pedir que la Cámara de Diputados apruebe el proyecto que ya tiene media sanción en el Senado. La entidad considera que la sanción definitiva sería una oportunidad estratégica para el desarrollo productivo, la inversión y las pymes.
El argumento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa es claro: los biocombustibles permiten agregar valor a la producción primaria, diversificar las economías regionales y potenciar la agroindustria en Argentina. Según su comunicado, también favorecen la articulación entre productores, industrias y pymes, con nuevas inversiones, empleo y actividad económica en todo el país.
Para las pymes agroindustriales, el marco normativo importa: CAME sostiene que la previsibilidad y las reglas claras son indispensables para aprovechar el potencial productivo de Argentina. Y que el sector puede contribuir a la diversificación de la matriz energética, a la transición hacia energías más limpias y al desarrollo de una industria nacional con empleo federal.
El malestar no es menor en Entre Ríos, donde semanas atrás la Bolsa de Cereales de Entre Ríos ya había expresado su apoyo a las empresas productoras de biodiésel. La entidad analizó el proyecto, consultó a las empresas elaboradoras radicadas en la provincia y advirtió sobre el impacto que podría tener en la continuidad de las plantas regionales, el empleo y el agregado de valor en origen.
Allí está la tensión: BolsaCER comparte objetivos como incrementar el corte de biodiésel, ampliar la demanda de aceite de soja y promover mecanismos de competencia que reemplacen cupos y precios fijados por el Estado. Pero considera que el diseño de la propuesta aprobada no garantiza condiciones equitativas para las empresas regionales y podría reducir significativamente su participación en el mercado.
El dato más duro sale del cronograma previsto en el artículo 38: reduciría la participación de las empresas no integradas del 7,5% actual al 4% en 2031. El segmento de libre negociación, en tanto, alcanzaría el 6%.
En volumen, el segmento de las pymes pasaría de 902.700 a 481.440 toneladas anuales, lo que representa una disminución del 47%. A esa situación, según el análisis de BolsaCER, se suma la desventaja logística.
La discusión, entonces, no es solo técnica: también pone en juego el lugar de las economías regionales en una cadena que busca crecer. Si la ley avanza, el próximo capítulo se escribirá en el Congreso, con Entre Ríos mirando de cerca cada número.