La pelea por los haberes volvió a instalarse en Entre Ríos, y esta vez el disparo lo da la AJER, que acusa al gobernador Rogelio Frigerio de haber dispuesto aumentos en negro para docentes entrerrianos y de dejar a los jubilados judiciales con la mano abierta.
El gremio judicial rechaza los incrementos no remunerativos porque, según su planteo, esos pagos no están sujetos a aportes y contribuciones y contradicen el artículo 82, inciso d de la Constitución provincial, que establece que «todo incremento salarial, otorgado a partir de la presente Constitución, deberá estar sujeto a aportes y contribuciones».
El punto de fricción no es solo la cifra, sino la naturaleza de los conceptos: si no están sujetos a aportes y contribuciones, no se trasladan a los ingresos de los pasivos. AJER lo plantea en clave de contradicción constitucional, porque entiende que la norma provincial deja claro que el incremento salarial debe quedar sujeto a esos mismos aportes y contribuciones.
El listado de sumas cuestionadas no es menor: incentivo docente y conectividad entre $200.000 y $340.000; otros $50.000 por antigüedad superior a diez años; y $90.000 por la diferencia hasta el mínimo salarial.
El planteo no se queda solo en el rechazo: también apunta al impacto de estos pagos sobre los jubilados provinciales. AJER explica que, a partir de la reforma previsional impulsada por el Gobierno, los aumentos del sector docente constituyen la única referencia para la movilidad de esos haberes.
Sin embargo, al tratarse de conceptos no remunerativos, sostiene que no se trasladan a los ingresos de los pasivos. AJER describe esa situación como un doble perjuicio para los jubilados judiciales, porque no reciben esos incrementos y además pierden la movilidad vinculada a los cargos que alcanzaron durante su carrera y sobre los cuales realizaron aportes.
En otras palabras, el gremio judicial sostiene que los jubilados judiciales enfrentan un problema de dos puntas: de un lado, la pérdida de la movilidad vinculada a los cargos que alcanzaron y sobre los cuales realizaron aportes; del otro, la ausencia de los incrementos que el Gobierno paga en negro a los docentes.
La entidad también cuestiona la forma en que se pagan esos conceptos. Para AJER, el término en negro remite a que esos incrementos no están sujetos a aportes y contribuciones y, por eso, no llegan a los haberes de los jubilados provinciales.
El comunicado de AJER no se limita a los jubilados judiciales: la queja alcanza a los jubilados provinciales en general, porque la entidad sostiene que esos conceptos no se trasladan a sus haberes. La medida, según su planteo, profundiza el perjuicio sobre quienes ya no están en actividad, pero siguen dependiendo de la movilidad de esos haberes.
Finalmente, la asociación calificó la decisión de Frigerio como «inconstitucional, injusta e insensible» y expresó su rechazo a una medida que, según su comunicado, profundiza el perjuicio sobre los jubilados judiciales.