El peritaje de la Gendarmería dejó la causa ANDIS en un punto ciego: no pudo confirmar la voz de Diego Spagnuolo en los audios, pero tampoco logró probar que sean falsos ni generados con inteligencia artificial. El informe de 148 páginas evaluó 57 archivos y detectó indicios de posibles ediciones, aunque sin definir su origen.
La definición técnica choca con otro estudio de la Dirección de Apoyo Tecnológico (DATIP), que depende del Ministerio Público Fiscal y sostiene que sí puede corroborarse la autenticidad de los audios. Ese informe también cuestionó falencias en la metodología aplicada por la fuerza federal. Las disidencias quedaron incorporadas al informe y al debate técnico.
El estudio llega después de un laberinto judicial armado por los planteos de Spagnuolo. Primero afirmó que el audio no le pertenecía, luego sostuvo que fue alterado con inteligencia artificial y terminó pidiendo la pericia sin usar su voz para el cotejo.
La estrategia de la defensa se apoya en un relato preciso: los audios serían falsos, con 18 microcortes y alterados con inteligencia artificial. El abogado Mauricio D’Alessandro sostuvo en un escrito que fueron obtenidos durante meses en distintos lugares y en una operación de inteligencia destinada a alterar el orden constitucional.
El objetivo de esa línea es despojar de valor probatorio a los 50 audios que habrían dado origen a la causa y donde se menciona una supuesta “coima del 3 por ciento para Karina Milei”. En las grabaciones se escuchan supuestos diálogos con referencias a recaudaciones de medicamentos, porcentajes y conversaciones con el Presidente.
El peritaje de Gendarmería buscó determinar autenticidad, integridad, posibles ediciones o inteligencia artificial y si la voz corresponde a Spagnuolo. De los archivos analizados, 14 fueron considerados aptos y 43 no aptos para una comparación forense de voces.
Entre las conclusiones, el informe detectó discontinuidades abruptas, posibles puntos de corte, sonidos coincidentes entre archivos y otras anomalías acústicas. Sin embargo, los peritos admitieron que no pudieron establecer con certeza el origen de esas irregularidades ni reconstruir eventuales operaciones de edición. Como excepción, en el archivo denominado “La caja.m4a” no se detectaron indicios evidentes de manipulación. El informe también detectó elementos técnicos compatibles con posibles ediciones o procesamientos posteriores, sin establecer su naturaleza o alcance.
El resultado deja la disputa judicial en un terreno técnico: hay señales de manipulación posible, pero ninguna certeza sobre la autoría de la voz. En una causa donde la prueba digital puede definir la responsabilidad de un ex funcionario, la incertidumbre pericial se convierte en el nuevo eje del debate.
