La puerta quedó cerrada, pero no la causa. La Justicia entrerriana rechazó un amparo presentado contra el Estado provincial y la Caja de Jubilaciones y Pensiones, en el que un jubilado del ex Banco de Entre Ríos buscaba declarar inconstitucional la reforma previsional de la Ley 11.302. La sentencia no resolvió sobre la constitucionalidad de la reforma, sino que estableció que el cuestionamiento debe tramitarse mediante los procedimientos judiciales correspondientes.
El dato procesal es clave: la sentencia fue dictada el 12 de noviembre por el juez Juan Francisco Malvasio. Declaró inadmisible la presentación y dispuso que las costas del proceso quedaran a cargo del demandante.
El reclamo tenía un eje simple de entender: el jubilado pedía mantener el mecanismo anterior de movilidad, que vinculaba la actualización de sus haberes con los incrementos salariales del sector bancario. La reforma cambió la referencia y pasó a tomar como parámetro al escalafón con mayor cantidad de aportantes del Estado provincial.
Mirá el número que le da peso al rechazo. En septiembre, primer mes de aplicación del nuevo mecanismo, el aumento otorgado fue del 3,5%, mientras que el incremento salarial bancario fue del 1,9%. Es decir, el jubilado recibió una actualización 1,6 puntos porcentuales superior a la que le habría correspondido por el régimen anterior.
Además, la Caja de Jubilaciones informó que el beneficiario había percibido todos los incrementos bancarios correspondientes. Eso fue hasta la entrada en vigencia de la reforma, el 22 de agosto.
La Caja de Jubilaciones y la Fiscalía de Estado defendieron la legalidad de la reforma. Sostuvieron que el planteo de inconstitucionalidad debía tramitarse mediante los procedimientos judiciales específicos.
La Fiscalía de Estado también expuso la situación financiera del sistema previsional provincial, su déficit estructural y la necesidad de preservar su sustentabilidad. El argumento apela al carácter solidario del régimen y a los derechos del conjunto de los beneficiarios.
El magistrado coincidió con el dictamen del Ministerio Público Fiscal y sostuvo que la controversia requiere un debate y una producción de pruebas más amplios que los permitidos por una acción de amparo. Por eso, concluyó que existen otras vías judiciales más adecuadas para discutir la cuestión.
La sentencia no resolvió sobre la constitucionalidad de la reforma. Estableció que el cuestionamiento debe tramitarse mediante los procedimientos judiciales correspondientes. Ahí sigue la pelea, pero por otro camino, con un debate y una producción de pruebas más amplios.
