El campo llegó a la mesa con una exigencia clara: fiscalías especializadas para que el delito rural no siga corriendo por el circuito común. La inseguridad en los establecimientos productivos dejó de ser un dato menor y se instaló como una de las principales preocupaciones de los productores entrerrianos. El pedido apunta a que la investigación tenga un carril propio, con foco, criterio y continuidad.
La Mesa de Enlace de Entre Ríos mantuvo este jueves una nueva reunión de trabajo con el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, el secretario de Justicia, Julián Maneiro, y el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González. El propósito fue avanzar en soluciones concretas y duraderas frente a la inseguridad rural, uno de los principales flagelos que afectan a los productores. No fue un encuentro de cortesía: hubo una propuesta central sobre la mesa.
Las entidades agropecuarias plantearon la creación de Fiscalías Especializadas en Delitos Rurales como herramienta para fortalecer la investigación y la persecución penal del abigeato, los robos, las intrusiones, el vandalismo y los ataques contra la propiedad privada. La idea es que el Estado no responda con fórmulas genéricas ante un delito que golpea el campo y complica la actividad productiva. El reclamo es directo: que la justicia especializada llegue donde el daño se produce.
También destacaron la media sanción otorgada por la Cámara de Diputados de la Nación al proyecto de ley que endurece las penas contra el vandalismo y las intrusiones en establecimientos rurales. Para la Mesa de Enlace, esa eventual aprobación definitiva no será solo un logro legislativo: será una prueba para la Justicia entrerriana. El desafío, advirtieron, está en garantizar una aplicación efectiva y oportuna.
Del encuentro participaron representantes de las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace de Entre Ríos: FARER, Sociedad Rural Argentina Distrito Entre Ríos, Federación Agraria Argentina y FEDECO. Fueron con las autoridades provinciales y con una consigna repetida: no quedarse en la foto. El sector productivo quiere que la seguridad rural deje de ser un problema que se nombra y no se resuelve.
Las entidades reafirmaron su compromiso de continuar impulsando propuestas y gestiones para obtener respuestas concretas. El objetivo final es triple: proteger a las familias rurales, salvaguardar la propiedad privada y permitir el normal desarrollo de la actividad productiva. Sin seguridad, el campo no puede trabajar con tranquilidad; sin respuesta institucional, el delito se instala como rutina.
