“El Gobierno debe prever qué va a pasar con los trabajadores del Copnaf por la Ley 27.801”, advirtió la dirigente de UPCN, Domínguez, al marcar que el tema viene en discusión hace más de un mes. La advertencia llega en un momento en que, según el gremio, la provincia todavía no muestra precisiones sobre cómo se va a aplicar la norma nacional.
La preocupación no es menor: la norma obliga a mirar la atención de personas que eventualmente determine la justicia, y el gremio sostiene que no puede resolverse con la misma planta actual. “No hay que siquiera esbozar la idea de que, con la misma planta de ese organismo, se va a poder atender este tema”, remarcó Domínguez. La frase dibuja el eje del reclamo: más trabajo, más exigencia y una organización que todavía no aparece definida.
Según la dirigente, los promotores de derechos hoy están muy exigidos y necesitan que se mire su función en el contexto del Copnaf. Si bien remarcó que “lo salarial es crucial”, señaló que la discusión también involucra los derechos laborales. Mirá que no alcanza con hablar de sueldos: tenés que definir quién hace qué, con qué herramientas y con qué perfil profesional.
Para atender las disposiciones de la Ley 27.801, debería haber un personal específico con un perfil nuevo, una preparación bien pensada, que se encargue de la perspectiva de derechos pero también de la seguridad. La advertencia es directa: no se trata de un ajuste fino, sino de una reorganización que tenés que anticipar antes de que la realidad la exija.
Sin embargo, la cuestión no está definida ni discutida, y el sindicato busca generar instancias de conocimiento acerca de las medidas que podría llegar a tomar la provincia. En ese marco, las entidades sindicales deberían participar institucionalmente de cuestiones que implican un impacto laboral directo. No se descarta una reunión en los próximos días para conocer avances y cómo se proyecta implementar la ley nacional en Entre Ríos.
También hubo una reunión entre autoridades del Copnaf y del Servicio Penitenciario con una ONG chilena para interiorizarse sobre metodologías de trabajo y herramientas para aplicar en la provincia los cambios que propone la normativa nacional. El dato importa: la implementación no es solo un debate gremial, sino una cuestión técnica que requiere protocolos, formación y capacidad operativa.
En el Presupuesto 2027 existen dos obras de ampliación relacionadas con este tema, aunque no se sabe exactamente cuál es la consigna. La dirigente cuestionó que no puede ser simplemente agregar una habitación y consideró que, en el caso de que se hiciera una obra, eso no solucionaría la atención de esta situación. La duda central sigue abierta: quién se va a hacer cargo de atender a quienes eventualmente determine la justicia.
La advertencia final fue dura pero ordenada: es un tema delicado que debe ser bien organizado, no puede ser improvisado. Hasta ahora, por lo que se sabe, no ha habido casos, pero no se puede esperar a que sucedan para que el Gobierno recién entonces vea qué hacer. Acá la clave está en anticipar la estructura, no en correr detrás de la primera situación que exija una respuesta.
El tema sigue en la mesa de discusión, con un gremio que reclama información y un Estado provincial que, hasta ahora, no definió el mapa completo para aplicar la ley.
