En la plaza de Concordia, los desocupados volvieron a poner sobre la mesa el hambre que no espera. Juan Retamar fue el vocero y exigió un ingreso mensual de $450.000 mientras se reglamenta el artículo 24 de la Constitución provincial.
Según el coordinador, un censo en barrios de Concordia dejó cerca de 8.000 personas en condiciones de recibir un ingreso de subsistencia. Y el cálculo se estira: más de 40.000 estarían en esa situación.
El censo ya pasó por San Jorge, Constitución Este, Fátima y Asentamiento La Bianca. Son los barrios que alimentan el número: cerca de 8.000 personas.
El relevamiento seguiría en la Ex Estación Concordia Norte, de 9:30 a 12:30. Ahí, según Retamar, se seguiría con el censo.
La carta provincial dice que el Estado asegura el derecho a la alimentación y un ingreso mínimo indispensable ante falta de empleo, inestabilidad o catástrofes. También prevé un ente público con participación ciudadana para efectivizar ese derecho, según el artículo 24.
Para Retamar, todos los manifestantes están contemplados por ese artículo porque tienen necesidades básicas insatisfechas. Y va más allá: reglamentarlo terminaría con el clientelismo político y con la mendicidad, sostiene.
El dato de campo también pesa: en el departamento Concordia, Retamar habló de 50% menos de quintas en citrus y 60% menos de hectáreas de arándano. No niega que haya gente capaz de trabajar; el problema, dice, es que no hay trabajo.
Retamar recordó que en 2009, durante el gobierno de Sergio Urribarri, la movilización llegó a Cafesg y se obtuvieron planes y 1.500 proyectos productivos. Añadió que entonces Alicia Kirchner, ministra nacional, los otorgó contra la voluntad provincial.
El recuerdo de 2009 no está libre de tensión. Una marcha del 6 de agosto tuvo denuncias de agresiones por parte de los desocupados, versión que el jefe departamental de Policía Roberto Sánchez negó.
Retamar fue claro: si el subsidio de $450.000 exige una contraprestación de servicios, «no hay ningún problema». El reclamo no es un cheque sin costo; es una puerta para que la gente vuelva a su mesa, dice.
La salida también es legislativa: hay cinco diputados y una senadora que representan al departamento. Retamar nombró a Marcelo López y a Enrique Cresto como posibles impulsores del proyecto.
La discusión puede ser larga, pero la urgencia no. Si se pide un subsidio de $450.000 mientras se avanza en la reglamentación, el reclamo deja de ser solo una marcha y se convierte en una cuenta pública: vos sabés que el hambre no espera.
