La justicia ordenó dos juicios separados en el caso del asesinato de Jeremías Monzón, y la decisión dejó en el centro de la escena una disputa procesal que va mucho más allá de la sala de audiencias.
El juez Héctor Aiello resolvió que la adolescente imputada sea juzgada por un tribunal técnico, mientras que su madre enfrentará un juicio por jurados. La separación de causas obliga a leer el expediente como dos caminos paralelos, con reglas distintas y con un peso político y social muy diferente.
La diferencia no es solo formal. Un tribunal técnico procesa la causa con criterios jurídicos especializados, mientras que un juicio por jurados introduce una mirada ciudadana sobre los hechos. En un caso de esta magnitud, esa distinción puede condicionar la manera en que se organicen los debates y se evalúe la responsabilidad de cada una de las imputadas.
El dato más duro es que ambas continuarán en prisión preventiva por el asesinato de Jeremías Monzón, ocurrido en diciembre de 2025. La medida no es un trámite menor: mantiene la presión procesal sobre las acusadas y confirma que la prisión preventiva sigue vigente mientras se define el fondo.
La separación de los juicios también obliga a preguntarse por la responsabilidad de una adolescente y de su madre en un mismo hecho. No se trata de dos causas idénticas: la edad de la imputada, la figura jurídica que se le aplique y la forma en que se organice el debate pueden generar resultados distintos aunque el origen del expediente sea uno solo.
En el fondo, la decisión de Héctor Aiello ordena el tablero: por un lado, un tribunal técnico; por el otro, un juicio por jurados. La consecuencia práctica es que la sociedad va a estar mirando dos procesos que se cruzan, se comparan y pueden terminar dando una imagen distinta de la misma tragedia.
El caso de Jeremías Monzón ya no se juega solo en la investigación: se juega en la organización de los juicios. Y esa organización va a determinar cómo se entiende la culpa, cómo se separan las responsabilidades y cómo la Justicia intenta dar una respuesta clara a un hecho que quedó grabado en diciembre de 2025.
La cautela es necesaria: la resolución ordena el proceso, pero no agota el camino que deberán recorrer las acusadas. En un caso con tanta carga emocional, esa distinción es la única manera de evitar que la opinión pública se adelante a la sentencia y de sostener el debate judicial hasta que los tribunales digan lo último.
