En Concordia, el oficialismo metió el pie donde todavía no había protocolo: presentó un proyecto para modificar la Ordenanza 36.569 y habilitar dispositivos no letales para la Guardia Urbana.
La iniciativa fue presentada por el concejal Felipe Sastre el jueves 29 de octubre, en una sesión atravesada por la discusión sobre la seguridad de los trabajadores municipales, especialmente en los centros de salud.
El disparador llegó después de que se revelara que Martín Amiano, director de Prevención y Seguridad Municipal, llevaba un dispositivo Byrna en la cintura. La situación puso sobre la mesa la compatibilidad entre ese elemento y la normativa vigente.
El bloque del PJ había reclamado información sobre robos, episodios de violencia y medidas de prevención, luego de que dos trabajadoras del CAPS del barrio Capricornio quedaran retenidas durante varias horas bajo amenaza de un hombre armado. El pedido no obtuvo el acompañamiento de los bloques oficialista y de La Libertad Avanza.
Sastre sostuvo que era necesario reforzar las herramientas defensivas de la guardia y dijo: “Tenemos que elegir de qué lado queremos estar”. Aclaró que el proyecto llevaba la firma de varios concejales y pidió que siga el trámite legislativo.
El texto propuesto modifica el artículo 11: el preventor no podrá portar armas letales, pero se elimina la prohibición general de llevar armas de cualquier tipo. La redacción no enumera qué dispositivos defensivos podrían usarse, ni fija condiciones concretas para su empleo.
La nueva redacción dice: “El Preventor perteneciente a la Unidad de Prevención Municipal no podrá portar armas letales. Es un agente de prevención, que se valdrá de técnicas de mediación y métodos participativos de resolución de conflictos”.
En los fundamentos se afirma que los agentes realizan tareas de riesgo en el espacio público municipal y que los dispositivos no letales son de venta libre en todo el país y no están comprendidos en la legislación nacional de armas, sin quedar sujetos al control del RENAR. El proyecto también plantea elementos defensivos dentro del ámbito laboral y con capacitación obligatoria. Sin embargo, el proyecto no establece protocolo de uso, circunstancias de empleo, autorización ni mecanismos de registro.
La presidenta del bloque del PJ, Carolina Amiano, marcó una diferencia sobre el alcance del reclamo opositor. Aclaró que todavía no conocían en profundidad el proyecto, pero sostuvo que el pedido de informes apuntaba a reforzar la seguridad de la Guardia Urbana.
La redacción vigente obliga a los preventores a valerse de técnicas de mediación y métodos participativos. La propuesta mantiene esa idea, pero abre una grieta: si no se puede portar nada, ¿qué dispositivo queda habilitado? ¿Un Byrna? ¿Un elemento que hoy no se nombra? La pregunta queda en el aire.
El debate no es menor cuando se habla de trabajadores municipales en el espacio público. En Concordia, la sensación de inseguridad se instala en los centros de salud y en las tareas de prevención. La pregunta que queda es si la ciudad quiere una guardia preparada para contener, o una presencia armada que resuelva con fuerza lo que antes se intentaba con diálogo.
La iniciativa pasó a comisión en Concordia. Ahí se decidirá si el debate sigue siendo sobre prevención, capacitación y control, o se transforma en una puerta abierta a una presencia más armada en la calle.
