"Hoy no tenemos nada que ocultar" fue el golpe de frase del vocal Lafourcade en la audiencia de apelación por la causa que investiga el presunto enriquecimiento de Bordet. La defensa había pedido apartar al fiscal Arias por publicaciones posteriores a los allanamientos de Concordia. En la audiencia, la respuesta judicial fue tajante.
El planteo de Romero buscaba revertir la decisión del juez de Garantías Edwin Bastián, que había desestimado el pedido para apartar al fiscal Arias. La defensa sostuvo que las publicaciones periodísticas, difundidas poco después de las medidas judiciales y con detalles que consideraba casi exactos, sumadas a las presuntas inclinaciones políticas del fiscal, ponían en duda su imparcialidad.
Los procedimientos del 28 de mayo en Concordia incluyeron dos sucursales de Colorshop, el comercio Super Color y la vivienda de Salvador Carubia, señalado en la investigación como presunto testaferro de Bordet. Según la defensa, la información difundida por distintos medios sobre los allanamientos y los elementos secuestrados coincidía con datos de las actuaciones judiciales. Romero mencionó publicaciones de DIARIOJUNIO, El Entre Ríos y la revista Análisis, y utilizó esas coincidencias para sostener que podía haberse divulgado información reservada desde el ámbito judicial.
Lafourcade desestimó los argumentos y sostuvo que no había fundamentos suficientes para apartar al fiscal. "El temor debe ser fundado. Y en este caso, no lo está", afirmó. Insistió en que las coincidencias entre publicaciones y actuaciones no demostraban quién había proporcionado la información a los medios. Recordó que numerosas personas tienen acceso a los sistemas informáticos de la Justicia y que no había indicios claros y unívocos contra Arias.
El vocal añadió que la información fue obtenida por la prensa por sus propios medios. "El fiscal no ha salido a operar públicamente sobre la causa; la información fue obtenida por la prensa por sus propios medios", afirmó. También consideró que las acusaciones contra Arias revelaban una actitud hostil hacia el funcionario y que la defensa no logró demostrar que las publicaciones fueran consecuencia de una conducta irregular.
Uno de los momentos más contundentes llegó cuando Lafourcade cuestionó el intento de la defensa de vincular las publicaciones con una supuesta vulneración del principio de inocencia. "Pretender colocar el principio de inocencia —que es una garantía constitucional— por encima de la libertad de prensa o de información es un pensamiento antidemocrático", sostuvo. Remarcó que la investigación involucra a figuras públicas y aborda una cuestión de interés para la ciudadanía.
"No se puede poner el interés particular por encima del derecho a la información, que es precisamente lo que nos diferencia de las dictaduras", expresó. Y cerró con una defensa frontal de la prensa: "Gracias a Dios existe la prensa, porque la ciudadanía puede saber qué hacemos aquí adentro. Aquí no hay nada que esconder".
La acusación de filtración quedó sin sustento en la audiencia. El vocal rechazó atribuirle responsabilidad al fiscal sin elementos concluyentes. En una causa con figuras públicas, cada dato que sale a la luz se convierte en munición para unos y en garantía de transparencia para otros. La tensión no se resuelve con frases: se resuelve con pruebas, con control judicial y con una prensa que informe sin convertir la sospecha en condena.
