El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional que Javier Milei envió al Congreso cambió de tono. El oficialismo aceptó acotar las prohibiciones y reformular el delito de desinformación masiva.
La intención de Martín Menem es dejar el texto listo para llevarlo al recinto cuanto antes. Este martes, a las 16, está convocado un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, con especialistas invitados.
“Si no es mañana, será el miércoles, y si no es el miércoles, será el jueves. Esta semana se dictamina”, aseguró un referente del bloque libertario. Las modificaciones ya circulan por los despachos oficialistas, aunque podrían incorporarse nuevos ajustes durante el debate en comisiones.
El proyecto fue anunciado por Milei a principios de septiembre, en cadena nacional. Lo hizo después de que Donald Trump manifestara su disposición a revisar la histórica posición norteamericana sobre Malvinas, en medio de sus diferencias con el gobierno británico por la falta de respaldo militar en Medio Oriente.
La iniciativa fue impulsada por el asesor presidencial Santiago Caputo. De hecho, fue su mano derecha, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, quien presentó el proyecto en el Congreso, sin el acompañamiento de ningún representante de la Cancillería, pese a sus fuertes implicancias diplomáticas.
La semana pasada, el tema también formó parte de las conversaciones con el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, y el responsable del Hemisferio Occidental, Juan Carlos Segura, durante su visita a Buenos Aires. El viernes, Ibarzabal terminó de puntear los cambios con la diputada libertaria Silvana Giudici, encargada de reunir los votos junto con Menem.
Uno de los capítulos centrales del proyecto establece sanciones económicas y penales contra las empresas que participen, sin autorización argentina, de la explotación de recursos naturales en Malvinas y la plataforma continental. En la versión negociada, el oficialismo aceptó limitar las prohibiciones sobre proveedores y accionistas, porque el texto original alcanzaba de manera amplia a quienes mantuvieran vínculos económicos con las empresas infractoras.
Ahora, para sancionar a un proveedor, se exige que los bienes o servicios sean indispensables para la actividad ilegal y que este conozca, o no pueda razonablemente desconocer, su destino. También quedan exceptuados determinados accionistas minoritarios, con participaciones de hasta el 2%, y fondos de inversión que no tengan poder de decisión sobre los activos.
Las multas fueron recalculadas, aunque no necesariamente reducidas. Para quienes celebren nuevos contratos con empresas sancionadas, se establece una multa de entre dos y cuatro veces el beneficio indebido obtenido. Si no puede determinarse ese monto, la sanción será de entre 2000 y 40.000 barriles de petróleo, el doble de la escala original.
En cambio, la pena mínima de prisión para proveedores de bienes o servicios esenciales baja de cinco a dos años. También se incorpora un agravante para los delitos que provoquen daños ambientales graves. El dinero recaudado por las multas deberá destinarse al Ministerio de Defensa para el reequipamiento militar y el desarrollo de infraestructura estratégica.
Otro de los cambios centrales afecta al Consejo de Seguridad Nacional, el organismo que presidirá Milei y que tendrá amplias facultades para coordinar decisiones estratégicas en materia de defensa y seguridad nacional. El nuevo texto crea una Comisión Bicameral de Seguimiento, integrada por cuatro diputados y cuatro senadores. El Consejo deberá informarle dentro de las 48 horas las sanciones y medidas urgentes que adopte, así como el rechazo de inversiones extranjeras.
La jugada busca asegurar votos sin perder la bandera soberanista: menos alcance punitivo, más control legislativo y un mensaje claro de que el proyecto sigue en carrera. Si el plenario termina de despejar los puntos duros, el debate en el recinto va a poner a prueba la capacidad del oficialismo para sostener la iniciativa sin quebrar la alianza.
