Todo empezó con una foto en redes sociales. Un cazador brasileño posando junto a un ciervo colorado de 72 puntas, abatido en un establecimiento rural de Costa Uruguay Sur, en el departamento de Gualeguaychú. La imagen circuló, llegó a las organizaciones ambientalistas correctas, y lo que parecía una excursión de lujo se convirtió en una causa federal.
El 10 de junio, personal de la Brigada de Control Ambiental (BCA) de la Nación y de la Prefectura Naval Argentina allanó el establecimiento denominado «Médano Salvaje / Punta Caballo», donde operaba la firma De Bernardis Hunting, propiedad de Héctor De Bernardis. Según la investigación, el lugar ofrecía excursiones de caza para turistas extranjeros sin habilitación provincial ni el libro foliado obligatorio para registrar cazadores y piezas abatidas. La excursión en cuestión habría costado alrededor de 50.000 dólares.
Los procedimientos se extendieron luego a depósitos y galpones vinculados a la empresa sobre avenida Urquiza Oeste, en la ciudad de Gualeguaychú. El resultado fue contundente: 29 armas de fuego —escopetas, fusiles y revólveres—, más de 15.000 cartuchos y municiones, decenas de trofeos de taxidermia, pieles, colmillos, cornamentas, dispositivos electrónicos y documentación contable. El valor total de los bienes incautados fue estimado en 1.326 millones de pesos.
La denuncia original fue presentada por la Fundación FreeLand y el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (CEYDAS) ante la BCA. Entre las irregularidades señaladas, las organizaciones apuntaron al ingreso de ejemplares de ciervo colorado (Cervus elaphus), una especie exótica invasora cuya introducción en Entre Ríos está expresamente prohibida por la Resolución N° 287/94 de la Dirección de Recursos Naturales.
Ahí aparece el eje más delicado de la causa. La Justicia analiza un expediente administrativo y una guía de tránsito que habrían autorizado, con carácter de excepción, el traslado de ejemplares desde Buenos Aires hacia el establecimiento investigado. CEYDAS cuestionó esa autorización y señaló que podría existir una contradicción directa con la normativa vigente. En ese marco, la investigación apunta a determinar si hubo irregularidades administrativas en la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos, y cuál fue el rol de su director, Mario Zárate, en esas actuaciones. Hasta el momento, no se informó una posición oficial de su parte.
La causa quedó a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, bajo la conducción del juez Hernán Viri y con la intervención del fiscal federal Pedro Rebollo. La investigación continúa abierta y busca determinar si el circuito de caza irregular operó de forma sistemática y con qué nivel de cobertura institucional.
