Los números no mienten, aunque duelan. Un informe de la Secretaría de Trabajo reveló que durante el último trimestre de 2025, el 16,9% de las empresas del país recortó personal: una de cada seis firmas eligió —o se vio obligada a— reducir su plantilla.
El resultado concreto fue la pérdida de 50.000 empleos registrados en ese período. No son trabajadores informales ni en negro: son puestos formales, con recibo de sueldo, que dejaron de existir. Cada uno de esos números es una familia que ajusta el presupuesto, una cuota que se complica, un proyecto que se pospone.
Pero el dato que más preocupa a los analistas no es solo el de los despidos. La creación de nuevas empresas cayó a uno de los niveles más bajos de toda la serie histórica, comparable con los registros de 2002, el año del estallido económico más brutal de la historia reciente argentina. Que hoy se abran tan pocas firmas como entonces no es un detalle menor: es la señal de que el tejido productivo no está regenerándose al ritmo que la recuperación requiere.
El escenario es complejo. Por un lado, la política de ajuste fiscal del gobierno nacional redujo la inflación y estabilizó algunas variables macroeconómicas. Por el otro, ese mismo ajuste comprimió el consumo interno, golpeó a las pymes y achicó el mercado. Las empresas que sobreviven lo hacen con menos gente; las que podrían nacer, no nacen.
Para Entre Ríos, una provincia con una economía fuertemente ligada al sector agropecuario, la industria frigorífica, el comercio y los servicios, este tipo de tendencias nacionales siempre tienen traducción local. Menos empleo formal significa menos aportes al sistema, más presión sobre el gasto social provincial y menos actividad en los centros urbanos.
El informe de la Secretaría de Trabajo pone sobre la mesa una pregunta que el gobierno nacional deberá responder con políticas concretas: cómo compatibilizar el equilibrio fiscal con la generación de empleo genuino. Hasta ahora, los números muestran que esa ecuación todavía no encontró su punto de equilibrio.
