Seiscientas veinte páginas. Ese es el peso del informe pericial que ahora pesa sobre Martín Insaurralde, el ex intendente de Lomas de Zamora que ya había protagonizado uno de los escándalos más resonantes de la política bonaerense reciente. El peritaje, elaborado por expertos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Procuración General de la Nación, detectó inconsistencias en su patrimonio, sus bienes y sus gastos en la causa que lo tiene acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
El documento fue presentado ante el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, y representa el paso previo a una decisión que puede cambiar el rumbo del proceso: los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco ya pidieron que Insaurralde y otros acusados en la misma causa sean convocados a indagatoria. Es decir, que el magistrado los cite formalmente a dar explicaciones ante la Justicia.
El peritaje patrimonial es una herramienta central en causas de este tipo. Los expertos cruzan declaraciones juradas, movimientos bancarios, titularidades de bienes y gastos declarados para detectar si los números cierran. Según fuentes judiciales, en este caso no cerraron. Las inconsistencias detectadas en el informe son el argumento técnico que los fiscales necesitaban para avanzar hacia una etapa más comprometida del proceso.
Insaurralde ya cargaba con una imagen pública severamente dañada desde que en 2023 trascendieron imágenes suyas en un yate de lujo en el Mediterráneo junto a una modelo, mientras se desempeñaba como jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires. Aquella exposición lo obligó a renunciar al cargo. Ahora, la Justicia avanza sobre el origen de los recursos que habrían financiado ese estilo de vida.
La causa judicial sigue su curso y el juez Armella deberá resolver si convoca o no a indagatoria a los imputados, un paso que en el proceso penal federal implica que el magistrado considera que hay mérito suficiente para escuchar a los acusados en calidad de tales. La presentación del peritaje marca, en todo caso, que la investigación tiene sustento técnico y que el expediente está lejos de archivarse.
