La contradicción quedó expuesta y ya no hay forma de taparla. El senador provincial Fabián Dal Molín, presidente del bloque oficialista y uno de los principales impulsores de la reforma previsional en la Legislatura entrerriana, inició su propio trámite jubilatorio bajo el régimen que él mismo calificaba públicamente como insustentable. Cuando el hecho tomó estado público, retiró el expediente. Pero el daño político y moral, según sus propios correligionarios, ya estaba hecho.
La agrupación UCR Activa Entre Ríos formalizó una carta abierta dirigida al legislador en la que sostiene que la conducta “no puede explicarse como un simple error de oportunidad” sino que constituye “una falta ética de gravedad institucional”. El argumento central es contundente: Dal Molín no era un ciudadano común iniciando un trámite ante la Caja. Era el senador que solicitó el tratamiento preferencial de los dictámenes para acelerar la discusión de la reforma, conocía sus fundamentos y sus consecuencias, y participaba activamente del debate mientras intentaba resolver su situación personal bajo las condiciones vigentes.
“El retiro posterior del expediente no borra la conducta”, advierte el texto. “Sólo confirma que el trámite existió y que se volvió políticamente insostenible cuando tomó estado público.” La pregunta que lanza UCR Activa es la que más incomoda: ¿hubiera retirado el pedido si nadie se enteraba? Esa pregunta, sin respuesta creíble, es la que erosiona cualquier disculpa.
El sector interno también pide que se investigue si existió uso de información institucional anticipada o privilegiada. Si un legislador accede por su cargo a detalles de una reforma en curso e inicia un trámite personal en simultáneo, la sospecha no puede descartarse sin más. Aun antes de cualquier definición judicial, la carta señala que “la responsabilidad política y moral es evidente”.
El texto invoca la figura de Elpidio González, el histórico dirigente radical que rechazó una pensión vitalicia que la ley le otorgaba, como espejo de lo que debería ser la función pública. El contraste que traza UCR Activa es deliberadamente duro: González entendía el cargo como servicio; Dal Molín, según esta lectura, priorizó su interés personal en el momento menos indicado.
La Constitución de Entre Ríos exige a los funcionarios públicos probidad, rectitud, prudencia y transparencia. UCR Activa sostiene que el senador hizo lo contrario de lo que exige la prudencia institucional: no se apartó del debate pese a tener un interés personal directo en el sistema previsional, no esperó y no preservó la confianza pública. La carta cierra con una exigencia sin margen de negociación: la renuncia inmediata e indeclinable al cargo. Dal Molín no había respondido públicamente a este planteo al momento de publicarse esta nota.
