La reforma laboral que impulsó el gobierno de Javier Milei sumó un nuevo frente judicial y esta vez el golpe viene desde adentro del sistema: un juez federal admitió un amparo colectivo que cuestiona dos de sus puntos más polémicos.
El planteo fue impulsado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y apunta directamente contra los artículos que habilitan el pago de indemnizaciones en cuotas y los que modifican el régimen de honorarios profesionales. Que un juez le dé curso no significa que la ley caiga, pero sí que el debate ya no es solo político: ahora es también judicial.
El pago en cuotas de las indemnizaciones fue uno de los puntos que más resistencia generó desde que se conoció el texto de la reforma. Para los sindicatos y los abogados laboralistas, la medida licúa el derecho del trabajador despedido, que en lugar de cobrar lo que le corresponde de una vez queda atado a un cronograma de pagos que puede estirarse en el tiempo. Para el oficialismo, es una herramienta de alivio para las empresas y un incentivo para la contratación formal.
El amparo colectivo es un instrumento poderoso: si prospera, los efectos de una eventual medida cautelar o sentencia favorable podrían alcanzar a todos los trabajadores afectados por esos artículos, no solo a los que litiguen individualmente. Eso convierte este expediente en algo mucho más que una disputa técnica entre abogados.
La admisión del amparo no implica todavía ninguna suspensión de los artículos cuestionados. El juez federal deberá ahora correr traslado al Estado nacional, que tendrá que presentar su defensa. Recién después de ese intercambio se definirá si se dicta o no una medida cautelar que congele la aplicación de esas normas mientras dure el proceso. Los tiempos judiciales son los que son, pero el expediente ya está abierto y eso, en términos políticos, es una señal que el gobierno no puede ignorar.
