Los telegramas llegaron mientras todos miraban el partido. Treinta y seis operarios de la planta de Metalfor en Córdoba fueron notificados de su desvinculación en pleno encuentro de la Selección Argentina, una sincronización que, casualidad o no, dejó un sabor amargo que va mucho más allá del resultado en la cancha.
Uno de los trabajadores despedidos salió a hablar y el cuadro que pintó es preocupante. Según su relato, los problemas en la empresa no empezaron con los despidos: los sueldos venían llegando con atrasos, una señal de alerta que, a su entender, nadie en la empresa quiso atender a tiempo. La falta de respuestas de la patronal ante los reclamos internos habría sido la constante.
Pero el punto más grave de la denuncia apunta directo al corazón de la empresa: el trabajador habló de un presunto vaciamiento de la fábrica. Una acusación seria, que por ahora es exactamente eso, una denuncia, y que deberá ser investigada por las autoridades competentes. Sin pruebas judiciales que la respalden, no puede presentarse como un hecho consumado, pero tampoco puede ignorarse.
Ante este panorama, los operarios desvinculados reclamaron la intervención del Ministerio de Trabajo. La exigencia es concreta: que el Estado no mire para otro lado mientras decenas de familias quedan sin ingreso y con dudas sobre si cobrarán lo que les corresponde.
El caso de Metalfor se suma a una lista que en los últimos meses no para de crecer: plantas industriales con problemas de pago, trabajadores que se enteran de su situación por vía telegráfica y sindicatos que corren de atrás para contener el golpe. La pregunta que queda flotando es cuántas empresas más están en una situación similar sin que todavía haya trascendido.
