Un privilegio de 1965 tiene los días contados en Entre Ríos. El Senado provincial aprobó este miércoles el proyecto de ley que deroga el régimen de pensiones vitalicias para exgobernadores y exvicegobernadores, con el acompañamiento de los tres bloques políticos. El dato no es menor: pocas veces la cámara alta muestra semejante unanimidad en algo.
La norma en cuestión es la Ley Nº 4.506, sancionada hace más de seis décadas, que garantiza a quienes hayan ejercido la Gobernación o la Vicegobernación una pensión equivalente al 75% de la remuneración del cargo. El beneficio incluso se extiende al cónyuge supérstite y a los hijos menores o con incapacidad tras el fallecimiento del titular. Hoy hay diez beneficiarios activos de este esquema, según informó durante el debate el senador de Juntos por Entre Ríos, Rafael Cavagna, quien sostuvo que la norma quedó instalada en la sociedad como un privilegio sin justificación.
El proyecto es una iniciativa del Poder Ejecutivo provincial, que en sus fundamentos argumenta que las razones que dieron origen al régimen «han desaparecido» y que mantenerlo resulta incompatible con los principios de igualdad y ética pública. También señala que, en un contexto de dificultades financieras del sistema previsional, estos regímenes especiales profundizan el cuestionamiento social hacia el Estado. Dicho de otro modo: es difícil pedirle ajuste a la gente mientras un puñado de ex funcionarios cobra una pensión especial financiada con Rentas Generales, tal como aclaró la senadora Nancy Miranda, de Más para Entre Ríos.
Sin embargo, el camino legislativo no está cerrado. Durante el tratamiento en el Senado se eliminó el artículo 5 que Diputados había incorporado en su media sanción de abril de 2024. Ese apartado establecía que los beneficiarios perderían definitivamente la pensión si eran condenados por determinados delitos, una vez confirmada la sentencia. Al suprimirse ese artículo, el proyecto debe regresar a la Cámara de Diputados para que se expida sobre el cambio.
Si Diputados convalida la modificación del Senado, la derogación quedará firme: quienes ocupen en el futuro la Gobernación o la Vicegobernación ya no accederán a ese beneficio especial. Los actuales beneficiarios, en tanto, quedarían alcanzados por la nueva norma una vez promulgada. El expediente ahora pasa de vuelta a la cámara baja, donde deberá cerrarse el último trámite para que la ley sea historia.
