Una reunión a puertas cerradas, sin papeles ni documentación que respalde las decisiones, y la confirmación de que los recortes van a seguir. Eso dejó el encuentro en el Concejo Deliberante de Concordia entre el funcionario Ferreyra y representantes del cuerpo legislativo por la no renovación de contratos municipales.
La concejala Selva fue contundente: “No puede ser que, después de dos años, sigan encontrando gente sin trabajar”. Y apuntó directo al criterio con el que se arman las listas de desvinculados. Según lo que el propio funcionario confirmó en la reunión, esas listas las confeccionan los responsables de cada área. “Los hacen según la cara, a algunos sí y a otros no”, remarcó Selva, dejando en claro que la discrecionalidad es la norma, no la excepción.
El argumento oficial de que se trataba de personas sin funciones asignadas no convenció a nadie. Selva señaló que esa explicación no cierra cuando hay centros de salud, como el del barrio Nebel, que funcionaron sin enfermeras para atender pacientes. La lógica del recorte choca de frente con la realidad sanitaria del municipio.
Lo que más irritó a la concejala fue la contradicción entre el discurso de campaña y la gestión real. “Se hizo todo lo contrario, acá se corta el hilo por lo más delgado”, sostuvo, recordando las promesas de jerarquizar a los empleados municipales. En paralelo, denunció que proliferan las cooperativas “afines al gobierno” como nueva forma de contratación.
El caso más llamativo es el de los empleados que, tras ser desvinculados, volvieron a ser contratados gracias a influencias externas. Según Selva, algunos retornaron por la intervención de “un ex futbolista reconocido en Concordia” o por “llamados de la Gobernación”. La propia concejala sacó la conclusión más dura: “No vas a contratar de nuevo a una persona que estuvo bien echada”. Reincorporar a alguien es, en los hechos, reconocer el error.
El número total de afectados también generó discusión. Ferreyra habló de 56 contratos no renovados, pero Selva advirtió que, sumando todas las desvinculaciones desde el inicio de la gestión, ya se superaron los 300 despidos. Y lo peor, según su lectura, es que el mecanismo está institucionalizado: cada seis meses, el Ejecutivo municipal decidirá a quién le renueva y a quién no. “Lograron instalar el miedo a través de estas prácticas”, afirmó.
La situación de los contratados y monotributistas es especialmente vulnerable: a diferencia de los empleados de planta, no tienen herramientas legales para defenderse ante una desvinculación. Entre los afectados hay trabajadores que estaban con licencia por enfermedad o accidentes laborales en la Subsecretaría de Seguridad, a quienes luego se les ofreció volver bajo la figura del monotributo. La reunión terminó sin resoluciones concretas y con la confirmación oficial de que la política de recortes no tiene fecha de vencimiento.
