El contrato ya está firmado, pero las preguntas siguen sin respuesta. El Gobierno nacional formalizó la concesión de la Vía Navegable Troncal, la estratégica Hidrovía Paraná-Paraguay, a la empresa Jan de Nul, y lo presentó como el arranque de una nueva era de gestión privada. El problema es que esa era arranca con un proceso licitatorio que acumuló señales de direccionamiento, cuestionamientos técnicos y denuncias formales antes de que se secara la tinta.
La Hidrovía no es cualquier contrato. Por esa vía fluvial transita el grueso de las exportaciones argentinas, incluyendo buena parte de la producción granaria de Entre Ríos y las provincias del litoral. Quien controla el dragado y el balizamiento de esa arteria tiene en la mano una palanca de poder económico que pocos actores del país pueden igualar. Por eso la licitación siempre fue un campo minado, y por eso las irregularidades denunciadas durante el proceso no son un detalle menor.
Según trascendió, los cuestionamientos apuntaron contra la estructura misma del pliego: condiciones técnicas que, según los denunciantes, parecían diseñadas a medida de un oferente específico. Jan de Nul, empresa belga con vasta experiencia en dragado internacional, terminó adjudicándose la concesión en un proceso que sus críticos describen como viciado desde el diseño. El Gobierno, por su parte, defendió la transparencia del procedimiento y celebró el resultado como una señal de confianza inversora.
¿Alcanza con la defensa oficial para cerrar el debate? Difícilmente. Cuando una licitación de esta magnitud llega al momento de la firma cargando ese peso de sospechas, la legitimidad del contrato queda en entredicho aunque todo haya sido formalmente correcto. La diferencia entre legalidad y legitimidad, en este tipo de procesos, suele ser el territorio donde se instalan los escándalos que explotan más tarde.
Lo que sigue ahora es la etapa de ejecución: Jan de Nul deberá hacerse cargo del mantenimiento y la operación de la vía navegable bajo los términos del contrato firmado. Los actores que denunciaron el direccionamiento tienen abierta la vía judicial para impugnar. El resultado de esas acciones, si las hay, determinará si este capítulo se cierra como una privatización polémica pero consumada, o si se convierte en el próximo expediente que sacuda al Gobierno de Javier Milei en materia de contrataciones públicas.
