Una limpieza silenciosa pero concreta en el entramado normativo del agro argentino. El Senasa dispuso la abrogación de 42 normas de protección vegetal que, con el paso del tiempo, habían perdido sentido: algunas agotaron su objeto, otras fueron superadas por regulaciones más modernas y varias simplemente dejaron de tener vigencia práctica.
La medida apunta a simplificar el marco regulatorio del sector fitosanitario, uno de los más densos en materia de normativa acumulada a lo largo de décadas. Tener reglas vigentes que ya no aplican no es un detalle menor: genera confusión entre productores, técnicos y operadores que deben navegar un sistema donde conviven normas activas con otras que, en los hechos, no rigen para nadie.
El criterio utilizado para la depuración fue claro: se eliminaron aquellas disposiciones que agotaron su objeto, las que fueron reemplazadas por normativa posterior y las que perdieron vigencia por razones diversas. No se trata de desregular por desregular, sino de ordenar un esquema que acumuló capas y capas de resoluciones a lo largo del tiempo.
Para el sector agropecuario entrerriano, que convive a diario con exigencias fitosanitarias en cultivos como citrus, arándanos, arroz y soja, cualquier simplificación del andamiaje regulatorio tiene impacto directo. Menos ruido normativo significa menos chances de incurrir en incumplimientos involuntarios y más claridad a la hora de operar.
La iniciativa se enmarca en una tendencia más amplia de revisión del stock regulatorio en organismos del Estado nacional, con foco en eliminar lo que ya no cumple función. El Senasa continuará con este proceso de actualización normativa en otras áreas de su competencia.
