Todo empezó con una joven desaparecida. Lo que parecía un caso aislado terminó siendo el hilo que desbarató una organización criminal que captaba mujeres vulnerables en Tucumán para explotarlas sexualmente en Buenos Aires. El resultado: ocho mujeres rescatadas, cinco personas detenidas y siete allanamientos ejecutados.
La investigación tomó forma cuando las autoridades detectaron a una joven con pedido de paradero activo. A partir de ese dato, los investigadores fueron tirando del ovillo hasta reconstruir el funcionamiento de una red que se dedicaba a captar mujeres en situación de vulnerabilidad en el noroeste del país para trasladarlas y explotarlas en la capital.
El esquema es tristemente conocido: víctimas que llegan desde provincias con altas tasas de pobreza y desempleo, atraídas con promesas que nunca se cumplen, y que terminan atrapadas en circuitos de explotación sexual lejos de sus familias y sin redes de contención. La distancia geográfica no es un detalle menor: es parte del mecanismo de control.
Lo que esta causa vuelve a poner sobre la mesa es la vigencia y la brutalidad de la trata de personas como negocio criminal en Argentina. No es un fenómeno del pasado ni una excepción: es una industria que sigue operando, que sigue captando víctimas y que sigue necesitando de investigaciones sostenidas para ser golpeada.
Las ocho mujeres rescatadas están ahora fuera del circuito de explotación. El proceso judicial contra los cinco detenidos sigue su curso.
