Hay frases que no se pueden escuchar sin que algo se rompa adentro. “Estoy viva porque tengo otro hijo” es una de esas. Las dijo la madre de Agostina Vega, la adolescente de 14 años víctima de femicidio, en su primera aparición pública tras el avance de la causa judicial que investiga el crimen.
La mujer habló con una claridad que duele. No buscó victimizarse ni perderse en el dolor, sino apuntar con nombre y apellido a lo que considera una falla del sistema: decisiones judiciales previas al crimen que, según ella, pudieron haber evitado la muerte de su hija. Es una acusación grave, y viene de quien tiene todo el derecho a hacerla.
Su reclamo central es concreto: prisión perpetua para el principal acusado. Y aunque admitió que tiene miedo, fue tajante: “No voy a dejar de pedir justicia”. Esa combinación, el miedo y la decisión de seguir de pie, dice más sobre lo que atraviesa esta familia que cualquier análisis.
El caso de Agostina Vega volvió a poner sobre la mesa una pregunta que la sociedad entrerriana no termina de responder: cuántas señales tienen que ignorarse antes de que el sistema actúe a tiempo. La madre no lo dice con esas palabras, pero su cuestionamiento a las decisiones judiciales previas al femicidio apunta exactamente a eso. Si hubo advertencias, si hubo instancias donde se pudo intervenir y no se hizo, eso tiene que ser parte central del debate en el juicio.
La causa está en avance. El proceso judicial sigue su curso y la familia espera que la condena sea la máxima prevista por la ley. Mientras tanto, la madre de Agostina sostiene su reclamo desde el único lugar posible: el de una mujer que perdió a su hija y eligió no callar.
