Más de cien familias sin trabajo y el municipio en silencio. Eso es lo que denunció la concejal Amiano tras una nueva tanda de despidos dispuesta por el Ejecutivo municipal que conduce Azcué, y que vuelve a encender la polémica sobre el rumbo de la gestión.
Lo que más indignó a la edil justicialista no fue solo la magnitud de las cesantías, sino la ausencia total de justificación. «Lo más grave es que, esta vez, ni siquiera hubo un intento de explicación», disparó Amiano, y recordó que en episodios anteriores el gobierno al menos había ensayado algún argumento, por más endeble que fuera. «Simplemente decidieron dejar a más de cien familias sin su fuente de ingresos y guardar silencio», cuestionó.
Para la concejal, esto no es un hecho aislado ni un traspié administrativo: es una política. «Desde el inicio de la gestión se vienen sucediendo despidos, recortes y decisiones que golpean directamente a quienes sostienen todos los días el funcionamiento del Municipio», señaló. Un patrón que, según su lectura, se profundiza con el tiempo en lugar de corregirse.
El punto más filoso del planteo de Amiano apunta a una contradicción que, si se confirma, es difícil de defender: mientras el municipio prescinde de trabajadores propios, avanza en contratos millonarios con empresas privadas para servicios como la recolección y el tratamiento de residuos. «Para eso siempre aparecen los recursos. Pero cuando se trata de sostener el empleo de trabajadores municipales, la respuesta vuelve a ser el ajuste», expresó la edil, que ya había cuestionado esa tercerización desde el Concejo Deliberante.
La pregunta que queda flotando es inevitable: ¿qué modelo de Estado está construyendo esta administración? Uno que terceriza servicios esenciales y recorta planta propia no es exactamente el retrato de la eficiencia que suelen vender los que ajustan. Es, más bien, el retrato del ajuste a secas.
Amiano adelantó que el bloque justicialista continuará reclamando explicaciones al Ejecutivo y acompañando a los trabajadores afectados. «Detrás de cada despido hay una familia que merece respeto y un Estado que tiene la obligación de actuar con responsabilidad y sensibilidad social», cerró la concejal. El municipio, por su parte, no dio su versión de los hechos.
