Un video que circuló en redes sociales encendió las alarmas en Viale y obligó al COPNAF a moverse rápido: el material mostraría una situación de presunto maltrato a un niño en una residencia infantil de esa localidad entrerriana. La respuesta institucional no tardó: actuaciones internas abiertas, denuncia formal ante la Fiscalía y separación preventiva del agente señalado.
La subdirectora de Infancias del organismo, Noelia Buchholtz, confirmó que los protocolos se activaron en cuanto el material audiovisual llegó a conocimiento del organismo. Lo primero, según remarcó, fue garantizar el bienestar del chico involucrado. “Lo primero es que el niño está bien, está asistido y bajo cuidado”, sostuvo la funcionaria, quien además señaló que autoridades provinciales se trasladaron personalmente a Viale para supervisar el abordaje del caso.
El trabajador identificado en la denuncia fue apartado de sus funciones de manera inmediata, como parte del protocolo institucional. La medida es preventiva mientras la investigación judicial sigue su curso: la causa quedó radicada en el ámbito del Poder Judicial, y el COPNAF se comprometió a aportar toda la documentación e información que sea requerida.
“Actuamos apenas tomamos conocimiento, sin dilaciones, y vamos a aportar todo lo necesario a la Justicia”, subrayó Buchholtz, quien fue enfática en que el organismo no encubre ni minimiza este tipo de situaciones. Una declaración que, en este contexto, no es menor: los hogares de cuidado son espacios donde los chicos ya llegaron vulnerados, y lo último que necesitan es que el Estado los vuelva a fallar.
El caso generó preocupación en la comunidad de Viale y puso bajo la lupa el funcionamiento de las residencias infantiles a cargo del organismo. El COPNAF administra múltiples dispositivos de cuidado en toda la provincia y cuenta con más de mil trabajadores distribuidos en distintos puntos de Entre Ríos, un esquema que, según reconocieron desde el propio organismo, demanda controles permanentes y respuestas sin demoras ante cualquier posible vulneración de derechos. La investigación judicial determinará las responsabilidades del caso.
