El Congreso del PJ entrerriano dejó más heridas abiertas que consensos. Blanca Osuna no se guardó nada y lanzó la pregunta que muchos evitaron: ¿hasta cuándo el peronismo provincial va a mirar para otro lado mientras Cristina Fernández de Kirchner enfrenta su situación judicial?
La dirigente no solo cuestionó el orden del día manipulado —el tema de sanciones disciplinarias pasó de último a primero sin explicaciones— sino que denunció una “doble vara” que huele a operación interna. Mientras algunos afiliados recibieron sanciones, quedaron impunes quienes avalaron la reforma de OSER, la ley de Agrotóxicos y el incremento de deuda provincial que impulsó Rogelio Frigerio.
“¿Hasta cuándo el Partido Justicialista de Entre Ríos va a ignorar el encierro arbitrario de la máxima autoridad del Consejo Nacional del PJ?”, disparó Osuna sin anestesia. Para la congresal, el silencio cómplice de sectores dirigenciales no es casualidad: es funcional a quienes buscan “disciplinar a las fuerzas populares y debilitar la construcción de un Proyecto Nacional”.
El Congreso peronista expuso las fracturas internas de un partido que parece más preocupado por expulsar disidentes que por construir alternativas. Osuna votó en contra de las sanciones y ratificó su rechazo a las reformas política y previsional del gobierno provincial, pero su planteo de fondo apunta más alto.
La dirigente advirtió que ni la organización previa ni el desarrollo del encuentro contribuyeron a fortalecer la unidad peronista. Sin embargo, ratificó su compromiso con la construcción de consensos basados en las tres banderas históricas: justicia social, independencia económica y soberanía política. Un recordatorio incómodo para quienes prefieren el silencio a la coherencia.
