¿Cobrar sin trabajar y encima pretender una jubilación de privilegio? Eso es exactamente lo que hacía Rodolfo Kaiser, el exfuncionario que el gobernador de Neuquén Rolando Figueroa echó este sábado por ñoqui. El tipo no solo se rascaba en horario laboral, sino que además tenía la cara de aspirar a jubilarse por el ISSN como si fuera un héroe de la patria.
La decisión se enmarca en la política de “tolerancia cero” que Figueroa viene aplicando desde diciembre de 2023 contra los parásitos del Estado. “Lo que estaba pasando era político con privilegios; jubilaciones de privilegio, que eliminamos en la primera semana; alquileres de camionetas, incluso cuando no eran necesarias; ñoquis por todos lados“, disparó el gobernador sin anestesia durante su discurso público.
Pero la historia de Kaiser no arranca ahora. Este personaje ya tenía antecedentes pesados: en mayo de 2018, el Tribunal de Cuentas de Neuquén lo condenó a devolver más de 11 millones de pesos al Estado por no poder justificar gastos realizados durante 2011. Sí, leyeron bien: 11 millones que se esfumaron sin comprobantes ni facturas que los respaldaran.
Durante años, Kaiser ocupó cargos relevantes y llegó a presidir el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), el organismo encargado de las políticas habitacionales. También tuvo sus aventuras electorales: en 2015 encabezó la lista de candidatos a diputados nacionales del Movimiento Popular Neuquino, aunque los resultados estuvieron lejos de coronarlo como el salvador político que pretendía ser.
El gobierno provincial informó que estas medidas forman parte de un plan de austeridad más amplio que ya logró reducir la planta política en un 87 por ciento respecto de la estructura anterior. “Estas acciones se implementaron para dejar atrás los vicios de la vieja política“, indicaron desde Casa de Gobierno, en una clara referencia a las prácticas que durante años consolidaron el crecimiento desmedido del gasto público.
La administración de Figueroa no se anda con vueltas: redujo tiempos administrativos para acelerar los procedimientos disciplinarios y evitar que investigados sigan cobrando del Estado durante meses. Una medida de sentido común que debería aplicarse en todo el país, donde los ñoquis parecen tener más derechos que los contribuyentes que los mantienen.
