¿Qué pasa cuando treinta especialistas en seguridad se juntan para escribir la receta que Colombia necesita? Sale un documento que promete firmeza sin autoritarismo y que llega justo cuando el país se prepara para elegir presidente el 21 de junio.
La “Declaración por la Seguridad, la Convivencia y el Acceso a la Justicia” no es un paper académico más. Es una propuesta que busca marcarle la cancha al próximo gobierno en uno de los temas que más duele: la inseguridad urbana y el avance del crimen organizado.
Entre los firmantes aparecen nombres pesados como Rafael Pardo Rueda, exministro de Defensa y excomisionado de paz, y María Carolina Castillo, presidenta de Probogotá Región. También están Daniela Gómez Rivas de la Fundación Ideas para la Paz y Jorge Restrepo del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos.
Los números que manejan no son para nada alentadores. Colombia cerró 2025 con una tasa de homicidios de 27,8 por cada 100.000 habitantes. Para ponerlo en perspectiva: está muy por arriba del promedio regional de 17,6 y del mundial de 5,6.
“El desafío actual es perseguir con eficacia y disputar legítimamente la gobernanza criminal de organizaciones que delinquen, crean ejércitos, ejercen control territorial, construyen legitimidad ante las comunidades y proveen bienes y servicios”, plantea el documento con una claridad que corta.
Pero acá viene lo interesante: estos expertos no proponen mano dura a la vieja usanza. Dicen que la seguridad no se mide solo por capturas, bajas o incautaciones. Que el objetivo tiene que ser transformar las condiciones de vida de las comunidades y consolidar la presencia del Estado en los territorios.
La propuesta llega en un momento clave, cuando Colombia busca un modelo que combine inteligencia sin improvisación y resultados sin populismo. Los firmantes advierten que donde el Estado no está presente por ausencia, corrupción o cooptación, las organizaciones criminales ocupan esos espacios mediante control social y económico.
La declaración también mira hacia afuera: plantea que el respeto entre Estados se construye sobre la disuasión y la protección de intereses nacionales, pero sin adoptar doctrinas ofensivas. Propone fortalecer las capacidades estratégicas y la cooperación regional frente a amenazas compartidas.
