La arbitrariedad tiene precio. Y en Concordia el municipio lo está pagando caro después de que el Superior Tribunal de Justicia fallara a favor de ATE y ordenara la devolución de descuentos ilegales a empleados municipales.
Todo arrancó cuando siete u ocho trabajadores se presentaron en la seccional local de ATE para reclamar por los descuentos de presentismo y puntualidad que les habían aplicado por adherir a una movilización en el Corralón. El gremio no se quedó de brazos cruzados: interpuso recursos de amparo ante la Justicia para recuperar esos fondos.
En primera instancia, varios jueces de Concordia fallaron a favor del municipio. Pero ATE apeló y el STJ les dio la razón de manera contundente. “La Justicia nos dio la razón y ordenó al municipio la devolución de fondos”, confirmó el asesor legal del gremio, Pérez.
Lo que siguió fue revelador: el Ejecutivo optó por devolver los importes a todos los empleados, cerca de un centenar, y no solo a los que se habían presentado en la Justicia. ¿La razón? Sabían que los demás trabajadores iban a hacer el mismo reclamo y, en el fondo, el municipio era consciente de que los descuentos habían sido mal hechos.
El intendente Francisco Azcué envió una nota a la Dirección de Liquidaciones ordenando la devolución, pero el daño ya estaba hecho. Porque lo más grave no era solo el dinero: era el accionar arbitrario que había quedado al descubierto.
¿Querés saber qué tan mal estaban hechos los descuentos? Se los aplicaron a empleados que estaban de vacaciones o con licencia por enfermedad y que no podrían haber participado de la movilización que se realizó ese viernes lluvioso en la plaza 25 de Mayo, custodiada por la guardia de infantería de la Policía de Entre Ríos.
“Lo hicieron al voleo, sin mucho control, pero lo hicieron como un mecanismo para amedrentar”, disparó Pérez. La intención era clara: generar miedo en los trabajadores para que no se animen a reclamar.
El abogado de ATE fue demoledor en su análisis: “La Justicia ha resuelto en numerosos casos” que si se le hace un descuento a un trabajador, previamente se le debe notificar, explicar los motivos y darle tiempo para defenderse. Es criterio jurisprudencial desde hace muchísimos años.
Pero el Ejecutivo se pasó todo por alto. Afectó el derecho a percibir de manera integral el salario de más de 100 municipales, violó el derecho de defensa y, lo más grave, intentó amedrentar el derecho a reclamar por la situación de quienes se quedaron sin trabajo.
La cuenta final es salada para el municipio: no solo debe devolver lo descontado más los intereses, sino que también tiene que hacerse cargo de los gastos del juicio y los honorarios. Todo por una persecución que no solo atenta contra los trabajadores, sino que le causa un perjuicio económico innecesario a las arcas municipales.
El mensaje de ATE es claro: quieren que los empleados municipales pierdan el temor a reclamar. Porque cuando la arbitrariedad se topa con la Justicia, siempre hay un precio que pagar. Y en Concordia, ese precio lo está pagando quien decidió actuar al voleo contra los derechos de los trabajadores.
