Una familia entrerriana que consume 300 KWh por mes —heladera, lavarropas, computadora, ventiladores y aire moderado— pagaba $8.000 de luz en febrero de 2024. Hoy, con la Resolución 56/26 del EPRE, desembolsa $56.800. No cambió el consumo. Cambió la política tarifaria, y con ella se llevó puesto el poder adquisitivo de miles de hogares.
Los números son lapidarios: mientras la tarifa eléctrica aumentó 606% entre febrero de 2024 y abril de 2026, los salarios de docentes y estatales crecieron apenas 118% en el mismo período. La cuenta es simple: la factura de luz creció cinco veces más rápido que los sueldos. ¿El resultado? Una transferencia silenciosa de ingresos desde los trabajadores hacia el sistema energético provincial.
Lo que hace especialmente cruel el diseño de la última resolución es su estructura de tramos escalonados. A partir de los 150 kWh, cada kilowatt adicional se cobra a 225 y 259 pesos, valores que no existían antes. Encender el aire una hora más, mantener la computadora durante la jornada laboral o usar el lavarropas con frecuencia normal se convierte en un lujo que pocos pueden sostener.
Para un empleado estatal, esos $56.800 representan el 5,8% del ingreso mensual, cuando en 2024 era apenas el 2,3%. En el caso de los docentes, la proporción trepa al 7,5% del salario inicial. Traducido a jornadas laborales: un maestro necesita trabajar 1,67 días completos solo para pagar la luz, cuando antes le alcanzaba con medio día.
El peso de la factura eléctrica sobre los salarios creció entre 2,5 y 3,5 veces en apenas dos años. Es más de un día de trabajo destinado exclusivamente a electricidad, antes de cubrir alquiler, comida, transporte o salud. La canasta básica del INDEC subió 108% en el mismo período, muy por debajo del 606% de incremento tarifario.
Este ajuste no es técnico ni neutral: es una decisión política que redistribuye ingresos hacia arriba. Cada familia entrerriana que enciende una luz está financiando un sistema que castiga el consumo básico y premia la concentración energética. El resultado es una provincia donde trabajar ya no alcanza para vivir con dignidad.
