¿Qué pasa cuando la realidad se impone sobre el relato político? El senador Vergara acaba de tirar sobre la mesa un dato que desnuda tres décadas de crisis estructural en el sistema previsional entrerriano.
La Ley 8.732, que dio origen al régimen jubilatorio vigente, fue sancionada el 11 de agosto de 1993. Apenas dos años después, el 18 de agosto de 1995, el mismo gobierno peronista debió declarar la emergencia previsional mediante la Ley 8.918 e implementar medidas extraordinarias para sostener el sistema que acababa de crear.
“Esto demuestra que las dificultades estructurales de la Caja fueron advertidas prácticamente desde sus inicios. El problema previsional no nació ahora ni es patrimonio de un gobierno determinado”, disparó el legislador con la precisión de quien maneja los números.
Las medidas de 1995 fueron contundentes: incrementaron el aporte previsional de los trabajadores activos al 17 por ciento, con posibilidad de sumar dos puntos más. Pero lo más duro vino para los jubilados: una contribución solidaria extraordinaria del 5 al 13 por ciento sobre los haberes más elevados, incluyendo a retirados policiales.
“Algunos intentan presentar cualquier discusión sobre la sustentabilidad previsional como algo inédito. Sin embargo, cuando les tocó gobernar y enfrentar una crisis profunda, quienes hoy cuestionan estos debates adoptaron medidas incluso más severas“, remarcó Vergara con ironía.
El antecedente se completa con el proyecto de reforma que impulsó Jorge Busti en 1997, buscando modificaciones estructurales para corregir los desequilibrios del sistema jubilatorio provincial. La historia se repite con una constante: todos los gobiernos reconocieron el problema, pero ninguno lo resolvió.
“La verdadera discusión no es si hay que debatir la sustentabilidad del sistema, sino cuánto tiempo más se decide postergar las soluciones”, concluyó el senador. Treinta años después, la Caja de Jubilaciones sigue siendo el elefante en el living de la política entrerriana.
