¿Cuántas veces escuchamos hablar de fumigaciones irregulares que terminan afectando a vecinos de pueblos entrerrianos? La respuesta llegó desde la provincia: Entre Ríos puso en vigencia un protocolo de buenas prácticas que establece reglas de hierro para el uso de fitosanitarios en todo el territorio.
El nuevo marco normativo no es una sugerencia: es obligatorio. Desde ahora, quienes apliquen productos agroquímicos deberán cumplir con criterios específicos de aplicación, someterse a controles periódicos y acreditar capacitación formal. La medida busca ordenar un sector que durante años operó con escasa regulación.
Los alcances del protocolo incluyen desde las distancias mínimas a centros urbanos hasta los horarios permitidos para las aplicaciones. También establece la obligatoriedad de registrar cada intervención, detallando qué producto se usó, en qué cantidad y bajo qué condiciones climáticas.
Para los productores entrerrianos, esto significa un cambio de paradigma. Ya no alcanza con tener el registro de aplicador: ahora deberán demostrar conocimientos actualizados y cumplir con protocolos de seguridad que incluyen el uso de equipos de protección personal y el mantenimiento de maquinaria especializada.
La medida llega en un momento clave para la agricultura provincial. Entre Ríos es una de las principales productoras de soja y maíz del país, con miles de hectáreas bajo cultivo intensivo. El desafío será equilibrar la productividad agrícola con la protección del ambiente y la salud de las comunidades rurales.
Los controles estarán a cargo de inspectores provinciales que tendrán facultades para suspender aplicaciones que no cumplan con los requisitos. Las multas van desde apercibimientos hasta la inhabilitación temporal para operar en el sector agropecuario entrerriano.
