La bronca del campo entrerriano no se hizo esperar. Después del fallo histórico que frenó las fumigaciones cerca de viviendas en Diamante, los ruralistas salieron con los tapones de punta contra la Justicia. Y no se guardaron nada.
“Acá, en Argentina, jueces irresponsables como esta señora toman estas tesituras de manera irracional. Tal vez haciendo caso a una presión inmobiliaria, no lo sé, pero sinceramente genera mucha bronca“, disparó sin filtro un dirigente del sector. Las palabras no dejaron lugar a dudas: el campo se siente atacado.
El conflicto arrancó cuando la Sala II de la Cámara Segunda de Apelaciones de Paraná dictó una resolución que cambió las reglas de juego. La vocal María Fernanda Miotti ordenó el cese inmediato de fumigaciones cerca de zonas habitadas en Colonia Ensayo y Aldea Brasilera, fijando distancias que dejaron helados a los productores.
Donde antes se podía fumigar desde 150 metros por vía terrestre, ahora la jueza estableció un resguardo mínimo de 1.095 metros. Para las aplicaciones aéreas, la distancia se disparó de 500 a 3.000 metros. Un cambio que los ruralistas consideran un golpe mortal a la producción.
“El productor hizo el aviso 48 horas antes de hacer la aplicación, se presentó en la comuna, hizo todo en forma correcta. Los metros que había que hacer, los productos que iba a utilizar, todo en el marco de la ley“, defendió el dirigente. Pero para la Justicia, cumplir la ley no alcanzó.
La decisión judicial se basó en dos amparos ambientales: uno colectivo promovido por la vecina Janet Ximena Rosso en representación de habitantes de los loteos Tierra Alta, y otro individual de Gerardo Gareis por su hija menor. La jueza priorizó la “tutela preferente” a la salud humana y el ambiente.
¿Pero qué dice la ciencia? El Departamento Médico Forense del STJ aportó un informe demoledor: la exposición a agroquímicos puede generar efectos genotóxicos, mutagénicos y teratogénicos, además de asociarse a cáncer, problemas respiratorios y neurológicos. Datos que pesaron en la balanza judicial.
“¿Quién va a venir a invertir en la provincia? Si después dictan medidas carentes de argumento”, se preguntó el federado, apuntando directo al corazón del problema. La seguridad jurídica, esa palabra mágica que tanto necesita el campo, parece haberse esfumado en Entre Ríos.
El caso involucró a un productor de 23 años que quiso hacer las cosas bien y terminó en el centro de una tormenta legal. La aplicación nunca se realizó, pero el precedente quedó sentado. Ahora, cada fumigación en la provincia será una incógnita judicial.
Mientras tanto, la Ley 11.178 que regulaba las aplicaciones de agrotóxicos en Entre Ríos quedó en entredicho. Aunque la magistrada no la invalidó completamente, exhortó al Estado provincial a profundizar las medidas de control sanitario y ambiental. Una invitación a repensar las reglas del juego entre campo y ciudad.
