Los números no mienten. El INDEC acaba de confirmar lo que muchos sospechaban: la administración pública nacional perdió 6,1% de su personal en términos interanuales al 30 de abril. Una cifra que desnuda la magnitud del ajuste que viene aplicando Javier Milei desde que asumió.
La caída no fue selectiva ni quirúrgica. Según el organismo estadístico, todos los niveles de la estructura estatal registraron retrocesos. Desde ministerios hasta empresas públicas, pasando por sociedades del Estado. El recorte fue transversal y sin contemplaciones.
¿Qué significa esto en términos concretos? Que miles de familias argentinas perdieron su fuente de ingresos en el marco de una política que el gobierno presenta como “saneamiento del Estado”. Para los defensores del ajuste, es la prueba de que finalmente alguien se anima a tocar la estructura. Para los críticos, es la confirmación de que el costo social está siendo brutal.
En Entre Ríos, donde el empleo público también tiene su peso específico, estos datos resuenan con particular intensidad. Las delegaciones nacionales, los organismos descentralizados y las empresas estatales que operan en la provincia no escaparon a esta tendencia nacional.
El 6,1% de caída interanual no es un número menor en un país donde el empleo público históricamente funcionó como amortiguador social. Representa una transformación profunda en el rol del Estado como empleador, con consecuencias que recién empiezan a medirse en toda su dimensión.
