El Senado de Entre Ríos aceleró ayer una decisión que Concordia esperaba desde hace tiempo: las comisiones dieron dictamen favorable al proyecto que crea un nuevo Juzgado de Garantías en la ciudad. La iniciativa llegará al recinto en la próxima sesión para su tratamiento definitivo.
La comisión de Legislación General, presidida por la senadora Nancy Miranda, analizó la propuesta junto al secretario de Justicia provincial Julián Maneiro, quien no anduvo con vueltas: remarcó la necesidad urgente de reforzar la estructura judicial por el “pronunciado volumen de trabajo” que enfrentan los tribunales concordienses, especialmente en los fueros penal y de familia.
El proyecto no es nuevo. Fue elaborado por el Superior Tribunal de Justicia en 2023 y consta de siete artículos que buscan aliviar la sobrecarga que viene ahogando a los juzgados locales. Desde distintos sectores judiciales y políticos venían advirtiendo sobre esta situación crítica, particularmente en causas penales, violencia familiar y conflictos vinculados a niñez.
Pero la agenda del Senado no se limitó a la justicia concordiense. También continuó el debate sobre un tema espinoso: la derogación de las pensiones vitalicias para exgobernadores y exvicegobernadores que rige desde 1964. Maneiro defendió la propuesta oficial argumentando que el espíritu original de la ley respondía a “un contexto histórico distinto”.
El nuevo texto es claro: ningún funcionario público provincial, municipal o comunal podrá acceder a pensiones especiales fuera del régimen jubilatorio ordinario, salvo las contempladas en las leyes de Mérito Cultural y Veteranos de Malvinas. Además, incorpora la posibilidad de caducidad del beneficio en casos de condenas penales confirmadas en segunda instancia.
Sin embargo, algunos senadores plantearon reparos sobre ciertos aspectos de la redacción, por lo que el proyecto continuará en estudio. Mientras tanto, las comisiones también analizaron la creación de una Comisión Permanente de Seguimiento de la Deuda Pública que estudiaría la evolución del endeudamiento entrerriano desde 1991 hasta la actualidad.
Otro tema que generó debate fue la modificación del Registro de Deudores Alimentarios. La propuesta, impulsada por la diputada Lorena Arrozogaray, establece que quienes figuren en el registro no podrán ingresar a eventos culturales, deportivos, espectáculos pagos, ni tampoco a salas de juego y casinos de Entre Ríos. Una medida que apunta a reforzar las herramientas para garantizar el cumplimiento de las cuotas alimentarias.
