El Gobierno nacional eliminó los subsidios estatales para los pasajes gratuitos de personas con discapacidad en el transporte de larga distancia. Una medida que golpea donde más duele: en los derechos de quienes ya enfrentan barreras diarias para moverse por el país.
Las empresas de larga distancia deberán mantener la gratuidad para personas con discapacidad, trasplantadas o en lista de espera y niños con cáncer, pero ahora sin financiamiento estatal. ¿Qué significa esto en la práctica? Que las compañías tendrán que absorber esos costos o, en el peor escenario, buscar formas de eludir una obligación que ya no tiene respaldo económico.
La medida forma parte del ajuste feroz que viene implementando la administración nacional, pero esta vez apunta directo a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Las personas con discapacidad, que ya batallan contra múltiples obstáculos para acceder a servicios básicos, ahora ven cómo se recorta una herramienta fundamental para su movilidad.
En Entre Ríos, donde las distancias son considerables y el transporte público tiene limitaciones, esta decisión impacta de lleno en familias que dependen de estos beneficios para traslados médicos o laborales. Desde Concordia hasta Paraná, desde Gualeguaychú hasta Federación, hay cientos de entrerrianos con discapacidad que utilizan estos pasajes subsidiados.
¿Cómo harán las empresas para mantener la gratuidad sin el apoyo del Estado? La pregunta queda flotando en el aire, mientras las organizaciones de discapacidad ya preparan reclamos y advertencias sobre el retroceso en derechos adquiridos.
La eliminación de estos subsidios no es solo una medida económica: es una señal clara de las prioridades de un gobierno que elige ajustar sobre los sectores que menos pueden defenderse. Una decisión que desnuda la verdadera cara de un modelo que predica eficiencia pero practica crueldad institucional.
