La Universidad Nacional de Entre Ríos no se queda callada. Desde la Facultad de Trabajo Social, las autoridades salieron a marcar la cancha y pusieron el dedo en la llaga: el gobierno de Javier Milei tiene que cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, punto.
¿Hace falta explicar lo obvio? Las universidades nacionales están atravesando una crisis que ya no se puede disimular. Los números no mienten y la realidad pega fuerte en cada aula, en cada laboratorio, en cada proyecto de investigación que se frena por falta de recursos. La UNER no es la excepción.
Las autoridades de Trabajo Social no anduvieron con vueltas. Destacaron la importancia de la educación pública y pusieron sobre la mesa lo que todos saben pero pocos se animan a decir: hay una crisis que el gobierno nacional parece decidido a ignorar. ¿Hasta cuándo?
La Ley de Financiamiento Universitario no es un capricho ni una sugerencia. Es una normativa que existe, que está vigente y que debería garantizar los recursos necesarios para que las universidades públicas funcionen como corresponde. Pero entre el papel y la realidad hay un abismo que se agranda cada día.
En Entre Ríos, donde la UNER tiene un rol fundamental en la formación de profesionales y en el desarrollo de la provincia, este reclamo resuena con fuerza especial. No es solo una cuestión de números en el presupuesto: es el futuro de miles de estudiantes que eligieron la educación pública como su camino.
La pregunta que flota en el aire es simple pero incómoda: ¿el gobierno nacional va a seguir haciendo oídos sordos a una ley que él mismo debería hacer cumplir? La respuesta, por ahora, la tienen en Casa Rosada. Pero la paciencia de las universidades tiene límite.
