¿Cómo te van a multar con una norma que todavía no existía? Esa es la pregunta que se hacen comerciantes y vecinos de Paraná después del papelón del Decreto 341/2026, que pretendía aplicar sanciones desde el 1 de abril cuando fue publicado recién el 18 de mayo. Un error que expone el desorden tributario de la gestión municipal.
El decreto supuestamente venía a actualizar el régimen de multas con aumentos del 30 por ciento, pero terminó siendo una muestra de improvisación total. Fue dictado el 22 de abril, publicado casi un mes después y, aun así, pretendía regir desde antes de que existiera formalmente. En materia tributaria, eso no es un detalle menor: el Estado no puede exigir cumplimiento si primero no garantiza reglas claras.
Pero el papelón no terminó ahí. Cuando finalmente se publicó el decreto, mantuvo los mismos montos del Decreto 1.703/2024. En otras palabras: hicieron un decreto nuevo para cambiar algo, derogaron el anterior, pero en los hechos no cambiaron nada. Un copy-paste mal revisado que ahora obliga al propio Ejecutivo a dictar otro decreto para corregir lo que salió mal.
Ese es el problema de fondo: gobiernan con anuncios, pero sin gestión. Prometen modernización, pero generan más atraso. Hablan de orden fiscal, pero desordenan la administración tributaria. La fórmula es conocida: cuando falta gestión, suben la carga. Cuando no hay planificación, aparecen más multas. Cuando no hay eficiencia, el costo lo paga el vecino.
El contribuyente queda en el medio de un laberinto normativo: decretos que se derogan, artículos que se corrigen, montos que no coinciden, fechas de vigencia mal puestas. Así no se construye una administración tributaria seria. Así se genera incertidumbre, enojo y desconfianza en el Estado municipal.
El gobierno municipal vino a prometer eficiencia, transparencia y capacidad de gestión. Pero en los hechos muestra lo contrario: más impuestos, más multas, más confusión y menos resultados. Aumentan la presión fiscal, pero no mejoran la administración. Quieren recaudar más, pero cada decisión mal tomada termina debilitando la confianza del contribuyente.
En definitiva, el Decreto 341 no es solo un error administrativo. Es el síntoma de una gestión que improvisa, anuncia mucho, ejecuta mal y después intenta corregir tarde. Y en materia tributaria, la improvisación tiene un costo concreto: lo paga el vecino, lo paga el comerciante y lo paga la ciudad, con menos seguridad jurídica y menos previsibilidad.
