El eco de la marcha universitaria llegó hasta el Concejo Deliberante de Paraná, donde el radical Fuscado tomó distancia de la motosierra de Milei y encendió la polémica. “La educación nunca puede ser vista como un gasto, sino como una inversión”, disparó en plena sesión, mientras la concejal libertaria Pessolani Bechet salía a defender lo indefendible.
¿Casualidad que justo después de la masiva protesta del martes aparezcan estas declaraciones? Para nada. Fuscado fue contundente: “Como militante radical, considero que hay algo que no podemos dejar de defender: la educación pública”. Y remató con una frase que debe haber hecho temblar a más de uno: “No importa el color político que gobierne, no importa si es este gobierno, el que se fue o el que venga”.
La peronista Carolina Amiano no se quedó atrás y metió el dedo en la llaga: “Cuando se desfinancia a la universidad, se recortan oportunidades a estudiantes que no llegan a pagar apuntes, alquileres”. Los números que tiró son demoledores: becas Progresar de apenas $35.000 y docentes cobrando $250.000 que buscan trabajo en Uber para llegar a fin de mes. “Es muy triste”, resumió la concejal, y la verdad que no le falta razón.
Pero la libertaria Pessolani Bechet salió con los mismos argumentos de siempre: que no es “universidades sí o no, sino responsabilidad presupuestaria”. Habló de auditorías, controles y que “no puede haber políticas públicas serias si no se sabe cuánto cuestan”. El problema es que sin tomar nota de la gente que salió masivamente a las calles, repite como loro los argumentos del gobierno para sostener el ajuste interminable.
Lo más picante vino cuando Fuscado le contestó que no estaba en contra de las auditorías, pero que “una cosa no tiene que ver con la otra”. Y ahí largó la bomba: “No podemos desconocer que hay un ataque sistemático a las universidades. Se lo puede disfrazar de las formas que quieran, pero el ataque está”. Aunque después quiso suavizar diciendo que no apuntaba específicamente a Milei, el mensaje quedó clarísimo.
La grieta en el Concejo de Paraná refleja lo que pasa en todo el país: de un lado, los que defienden la universidad pública como herramienta de movilidad social; del otro, los que la ven como un “gasto” que hay que recortar. Mientras tanto, los docentes manejan Uber y los estudiantes no pueden pagar los apuntes. ¿Hasta cuándo vamos a naturalizar que la educación sea un privilegio y no un derecho?
Con informacion de: Diario Junio.
