¿Todos somos iguales ante el Banco Nación? La respuesta es un rotundo no. Un operativo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) destapó una doble vara escandalosa: mientras 714 empleados estatales de todo el país pidieron créditos hipotecarios bajo las mismas condiciones que los funcionarios de La Libertad Avanza, el resultado fue demoledor.
623 solicitudes fueron rechazadas casi de inmediato. En los casos restantes, los montos ofrecidos llegaron a ser hasta diez veces menores que los otorgados a los libertarios. La operación, impulsada por ATE, buscaba verificar si realmente estas líneas crediticias estaban disponibles para toda la ciudadanía en igualdad de condiciones, como sostenía el Gobierno.
“Comprobado, los créditos que le dieron a los funcionarios libertarios no están disponibles para nadie más”, disparó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. “Los montos ofrecidos a los trabajadores son ínfimos y la mayoría de las solicitudes fueron inmediatamente rechazadas”, agregó con bronca justificada.
Los rechazos llegaron por falta de estabilidad laboral, un requisito que —según denuncia el gremio— no habría sido aplicado con el mismo criterio para funcionarios del oficialismo. Como ejemplo, mencionaron al exfuncionario Leandro Massaccesi, quien accedió a un crédito millonario sin problemas.
El monto más alto ofrecido a un trabajador fue de 55 millones de pesos, muy por debajo de los hasta 420 millones otorgados a funcionarios. Un empleado del PAMI con ingresos superiores a los 2 millones de pesos mensuales solo accedió a ese monto. Considerando que una vivienda promedio de tres ambientes ronda los 170 millones de pesos, estos créditos quedan lejos de cubrir una compra.
Mientras tanto, los funcionarios libertarios se dieron la gran vida: Felipe Núñez se llevó 373 millones, Federico Furiase 367 millones, Federico Sharif Menem 357 millones, y Juan Pablo Carreira 112 millones. La diputada Lorena Villaverde también figura en la lista con 279 millones.
La diferencia no es solo en los montos. Los funcionarios accedieron a tasas del 4% anual y financiamiento de hasta el 90% del valor de la propiedad, mientras que para el resto de los mortales el financiamiento se limita al 75% y con tasas más elevadas. Una discriminación que no admite justificación.
“El Gobierno juega con una de las necesidades más sensibles como es la vivienda digna“, concluyó Aguiar. Y tiene razón: cuando el acceso al crédito depende del color político, estamos ante una perversión del sistema financiero público que debería servir a todos los argentinos por igual.
Con informacion de: Diario Junio.
