En Concepción del Uruguay, un grupo de nutricionistas matriculados pidió al Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos revisar su postura sobre desayunos escolares. La presentación, fechada el 19 de noviembre, está dirigida a la presidente del CONUER, Josefina Martínez Garbino.
El reclamo aparece después de que el 17 de noviembre circularan versiones sobre un presunto respaldo del Colegio a un nuevo sistema de desayunos y meriendas escolares con productos de Teknofood S. A., en el marco de la Mesa Interinstitucional. Los firmantes piden que la entidad se pronuncie en contra de esas declaraciones y aclare que no reflejan necesariamente el posicionamiento colectivo.
El punto no es solo el alimento: es quién habla en nombre de la profesión cuando se decide qué comen los chicos. Si una entidad asume un rol público, no puede arrastrar la matrícula como un sello de garantía automática; la representación institucional exige transparencia.
En el documento, los profesionales sostienen que los comedores escolares y las prestaciones de desayunos y meriendas son una política pública central. Por eso, advierten, no pueden quedar subordinados solo a criterios de costos, logística o disponibilidad comercial. El eje fuerte apunta contra cualquier postura que pueda leerse como una legitimación anticipada de ultraprocesados.
Su argumento es claro: bajar gramos de azúcar, grasas saturadas o sodio, o lograr productos sin sellos de advertencia, no alcanza para garantizar calidad nutricional. Menos todavía para volver adecuados esos productos para el consumo cotidiano de niñas y niños. En ese marco, piden que los alimentos frescos y mínimamente procesados sean una prioridad efectiva.
También recuerdan que las decisiones provinciales deben guardar coherencia con las Guías Alimentarias para la Población Argentina, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la Ley Nacional N.º 27.642 y la Ley Provincial N.º 10.594. No es un capricho técnico: es el piso normativo que ordena el debate.
Más allá del alimento, el documento pone el foco en cómo se designa a quienes hablan en nombre del colectivo. Reconocen que el diálogo con el sector productivo y la generación de empleo son legítimos, pero advierten que no pueden confundirse con aceptar productos o estrategias comerciales sin evaluación independiente. Para fortalecer la legitimidad, proponen requisitos básicos para integrar mesas o comisiones, entre ellos trayectoria acreditada, idoneidad y ficha limpia.
Hay un detalle que enciende el debate: los firmantes dejan sentado que no consideran pertinente que el representante se desempeñe o se haya desempeñado en Comedores Escolares dependientes de la provincia. No es un ataque personal; es una regla de juego. Quien discute el sistema no debería estar atado a una posición que puede leerse como conflicto de interés.
El pedido apunta a que la entidad hable y defina un criterio público. El fondo del reclamo es simple y difícil: la alimentación escolar no puede ser un espacio de negociación comercial, sino una política pública con criterios sanitarios, éticos y técnicos. En Concepción del Uruguay, el debate ya está sobre la mesa.