La excoordinadora de Comedores Escolares de Concordia rompió el silencio y, desde Tribunales, puso nombres, responsabilidades y una versión dura sobre el destino de los fondos que debían alimentar a los alumnos.
Silvina Murúa declaró en la causa que investiga el presunto desvío de dinero destinado a comedores escolares y, según su relato, no se limitó a defenderse de las acusaciones fiscales ni a insistir en que no administraba las tarjetas SIDECREER: señaló responsabilidades dentro del Gobierno del gobernador Rogelio Frigerio y describió una maniobra para dejarla expuesta.
«Yo ya no quiero esperar más, ya no me puedo callar más, no aguanto más una piña. A mi ya me mataron», dijo Murúa al explicar por qué decidió presentarse después de esperar, según su versión, el resultado de las pericias sobre el teléfono del comerciante Iñaki Partarrié.
Su defensa sostiene que ella descubrió un mecanismo de retornos que ya funcionaba cuando asumió, que lo denunció ante quienes conducían políticamente el área y que, cuando el problema creció, la apartaron con una «supuesta auditoría» para convertirla en el fusible de una estructura con proveedores, funcionarios y responsables de las tarjetas, y avanzar con Teknofood.
La hipótesis fiscal va por otro lado. En el legajo 7046/25, la Fiscalía atribuye a Murúa, a sus hermanos Adrián y Vanesa, a su cuñado Esteban Godoy y a Julián Quiroga una participación en un esquema de direccionamiento de compras que habría involucrado a más de treinta establecimientos y beneficiado a Ahora Voy SRL y Partarrié Distribuciones SAS.
La causa avanzó con la formalización de imputaciones en mayo de 2026. Murúa sostiene, en cambio, que la investigación penal está prácticamente parada y que falta una pericia que considera determinante: la del teléfono de Partarrié.
Murúa ubica el inicio de su historia en febrero de 2024, poco después de asumir la Coordinación. Asegura que conocía de antemano algunas prácticas irregulares porque su madre, docente, había descubierto situaciones similares en una escuela y terminó cambiándose de establecimiento por las presiones que recibió.
«Cuando a mí me ofrecen este puesto, yo no lo quería porque sabía cómo se manejaban y sabía que era un ambiente muy complicado. Yo sola no iba a estar ahí adentro porque a mí me iban a destrozar», explicó, al reconocer que una de las condiciones que puso para aceptar el cargo fue que sus hermanos pudieran incorporarse al área.
Según su relato, el primero en conocer las irregularidades fue el diputado provincial Marcelo «Mono» López, con quien mantenía una relación de confianza política y personal. «Yo asumí en enero. En febrero yo ya le conté a López todo esto. Me hizo esperar, presentamos la denuncia», sostuvo, y agregó que el legislador le pedía tiempo y le respondía que iban a encontrar una solución.
López no dio su versión en el relato que se conoció. La primera presentación ante la Fiscalía de Concordia, entonces a cargo de Martín Núñez, quedó en el centro de la disputa sobre quién supo antes y quién tardó en actuar.
El caso expone una grieta incómoda: de un lado, una exfuncionaria que dice haber avisado y haber sido desechada; del otro, una Fiscalía que la imputa por el mismo esquema que, según ella, intentó denunciar. En Concordia, la discusión ya no es solo por los comedores escolares: es por quién pudo, quién quiso y quién terminó pagando el costo político de una alimentación que, según la investigación, no coincidía con lo facturado.