El Banco de Entre Ríos está en el centro de una reorganización que puede cambiarle la forma de operar en la provincia. El Poder Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto de ley para autorizar la fusión con el Nuevo Banco de Santa Fe y el Banco de San Juan, todos del Grupo Petersen. En ese esquema, la primera entidad actuaría como absorbente y continuadora universal.
La iniciativa sostiene que la operación se apoya en una opinión favorable preliminar del Banco Central, entendido como órgano de contralor de las entidades financieras. El objetivo declarado apunta a la consolidación patrimonial y a la eficiencia del sistema. No es un dato menor: el banco quiere luz verde provincial para avanzar con un movimiento societario que lo saca de la estructura actual.
Pero el texto deja una frase clave: la conformidad provincial no es una obligación del Estado ni una prerrogativa del banco solicitante. Se presenta como el ejercicio de una facultad administrativa discrecional, ligada a la titularidad de la relación contractual que detenta el Poder Ejecutivo. Ahí está la tensión: el banco necesita autorización, pero el Estado se reserva la decisión.
En cuanto al servicio, el proyecto dice que la reorganización no contemplaría una reducción en el servicio que presta el banco como agente financiero de la provincia. Sin embargo, la casa central se ubicaría en Santa Fe. Ese detalle pesa: no se trata solo de una operación societaria, sino de un cambio de centro de gravedad.
El proceso tampoco está completo. Para que la autorización tenga eficacia jurídica plena, el banco deberá concretar en su ámbito societario privado y ante las autoridades nacionales la aprobación del proceso de reorganización societaria por fusión por absorción dictado en el ámbito del Banco Central. Es decir, la Legislatura no cierra el trámite: solo abre una puerta.
La operación aparece como un intento de ordenar el mapa bancario. Tres entidades, un grupo, una lógica de escala. Para la provincia, el banco no es solo un prestamista: es un brazo operativo del Estado en el servicio financiero. Por eso la discusión no puede quedar en lo societario.
¿Y los entrerrianos? La pregunta que queda flotando es si la fusión mejora la eficiencia o redistribuye el poder financiero hacia otra provincia. El proyecto dice que no habrá reducción del servicio, pero la ubicación de la casa central en Santa Fe obliga a mirar con lupa cada paso. La Legislatura tiene la palabra.
